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México: se usó clave de exfuncionario para robar datos de 263 periodistas

Reconocieron que no se enteraron del robo hasta el viernes pasado, cuando distintos medios de comunicación comenzaron a informar sobre el tema.

(Foto tomada de internet)
AP

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los datos personales de 263 periodistas mexicanos y extranjeros acreditados para acudir a las conferencias de prensa matutinas diarias del presidente Andrés Manuel López Obrador fueron robados mediante la clave de acceso de un exfuncionario federal, según informó el gobierno de México el lunes.

Por la mañana, el mandatario había dicho que los sistemas informáticos de la Presidencia habían sido hackeados y dejó entrever que opositores a su gobierno podrían ser los responsables.

“Nuestros adversarios son muy buenos y pueden contratar a los delincuentes en esta materia de más especialidad en el mundo”, manifestó.

Sin embargo, en una conferencia de prensa realizada a última hora del día y encabezada por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y el vocero del presidente, Jesús Ramírez, los funcionarios explicaron que la sustracción de datos se hizo usando la clave de un antiguo empleado del gobierno que no había sido dada de baja en una de las bases de datos que contenía información de los reporteros. Tal archivo estaba en proceso de migración a otro sitio informático, indicaron.

Asimismo, explicaron que el acceso ilegal tuvo lugar desde España el 22 de enero, pero reconocieron que no se enteraron del robo hasta el viernes pasado, cuando distintos medios de comunicación comenzaron a informar sobre el tema.

La semana pasada la empresa local de ciberseguridad Silikn y organizaciones de defensa de la prensa denunciaron que datos personales, fotografías y registros del sistema de acreditación de la Presidencia de más de 300 periodistas estaban apareciendo en foros clandestinos y redes sociales.

Ramírez aclaró que sólo se divulgó información detallada de 263 comunicadores. Entre los documentos exhibidos en internet había una licencia de un ciudadano estadounidense, diez documentos de periodistas extranjeros y 63 pasaportes.

Agregó que, nada más tener conocimiento de la situación, la Guardia Nacional cerró el sitio desde donde tales datos presumiblemente se estaban comercializando o compartiendo.

Alcalde dijo que el martes se presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, y que la Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, apoyaría a los afectados que soliciten algún tipo de seguridad. También sugirió que canalizaran cualquier denuncia a través de su agencia.

Pero muchos de los reporteros que vieron sus datos exhibidos —en un país donde las agresiones a la prensa no paran y que está considerado uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo— mostraron su indignación durante la conferencia de prensa por la falta de datos para poder interponer ellos mismos sus denuncias, en lugar de tener que hacerlo a través de un gobierno del que muchos desconfían.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México anunció la semana pasada que inició una investigación del caso.

La organización internacional Artículo 19, que defiende los derechos de los periodistas, expresó preocupación por la información divulgada, ya que algunos de los que cubren las conferencias matutinas presidenciales han denunciado persecución y amenazas.

Aunque en este caso ya parece descartado hablar de hackeo, hace dos años los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron objeto de un ataque cibernético y se extrajeron cientos de documentos, algunos de los cuales se difundieron en redes sociales y en medios locales. El gobierno mexicano confirmó que el robo de los archivos militares fue ejecutado por un grupo de hackers llamado Guacamaya, integrado por elementos anónimos.

El grupo fue señalado de ser el responsable del robo de 10 terabytes de información, entre los que hay correos electrónicos de las fuerzas armadas de México, El Salvador, Perú, Colombia y Chile y de la Policía Nacional salvadoreña.

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