McALLEN, Texas.- Una decisión de la Corte Suprema que le permite a Texas detener y deportar a migrantes —al menos por ahora— por cargos de haber ingresado ilegalmente al país podrían tener un fuerte impacto en la frontera entre Estados Unidos y México, pero sus efectos inmediatos fueron moderados.
Los jefes de los departamentos de policía de ciudades y condados que aplicarán la ley fueron muy cautelosos a la hora de comentar sobre cuándo, dónde y cómo podrían arrestar a los migrantes. Antes de que la corte, en un fallo dividido, permitiera el martes que la ley estatal entre en vigor en lo que se resuelve el proceso jurídico, algunos sheriffs estaban dispuestos a disfrutar de una expansión estatal sin precedentes en la aplicación de la ley fronteriza, mientras que otros se mostraban reacios.
Texas se mantuvo en silencio en las horas posteriores al fallo sobre si los policías estatales o los soldados de la Guardia Nacional del estado —quienes tienen la mayor interacción con los migrantes— comenzarán a implementar la ley y cuándo lo harán.
En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México señaló en un firme comunicado que el país se negará a acoger a cualquier persona a la que se le ordene salir de Estados Unidos en virtud de la ley estatal y que “rechaza tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio”.
“México reitera su derecho legítimo de proteger los derechos de sus nacionales en los Estados Unidos y el de establecer sus propias políticas de internación a su territorio”, dijo el gobierno.
El jefe policial del condado de Kinney, Brad Coe, quien ha apoyado en buena medida el multimillonario esfuerzo del gobernador de Texas, Greg Abbott, en la aplicación de las leyes migratorias, dijo que estaba “preparado para proceder con las acciones judiciales”, pero que los agentes necesitarán una “causa probable” para llevar a cabo los arrestos. Su condado abarca una franja de la frontera cerca de Del Río que hasta hace poco fue el corredor de mayor actividad de cruces ilegales, pero que se ha calmado considerablemente.
“Es poco probable que los observadores vean un cambio de la noche a la mañana”, dijo Coe.
El juez del condado de El Paso, Ricardo Samaniego, comentó que la impartición de las leyes migratorias debe seguir siendo una responsabilidad de las autoridades federales, y no de las estatales, manteniendo la postura del gobierno del presidente Joe Biden. Dijo que el aumento de la presencia de las fuerzas de seguridad en la ciudad de El Paso durante una oleada de inmigrantes anterior trajo consigo persecuciones a alta velocidad y detenciones de tránsito basadas en la suposición de que los pasajeros se encontraban ilegalmente en el país.
“Tuvimos accidentes, tuvimos heridos, obtuvimos un pequeño vistazo de lo que podría pasar si el estado empieza a controlar lo que ocurre en relación con la inmigración”, señaló Samaniego.
Su impacto se extiende más allá de la frontera de Texas. Legisladores republicanos redactaron la ley para que se pueda aplicar en los 254 condados del estado, aunque Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, ha dicho que prevé que se implemente principalmente cerca de la frontera.
Otros estados gobernados por republicanos lejos la frontera también buscan seguir los pasos de Texas. En Iowa, la Cámara de Representantes estatal dio su aprobación final el martes a un proyecto de ley que también otorgaría a sus fuerzas policiales el poder para arrestar a las personas que se encuentren en Estados Unidos de manera ilegal y se les hubiera negado anteriormente la entrada en el país.
El proyecto de ley pasará ahora a manos de la gobernadora, la republicana Kim Reynolds. De promulgarse, la medida entraría en vigor en julio.
“El gobierno federal ha abdicado sus responsabilidades y los estados pueden y deben actuar”, comentó el representante Steven Holt.
Skylor Hearn, director ejecutivo de la Asociación de Jefes Policiales de Condados de Texas, dijo que los departamentos de policía han estado recibiendo capacitaciones desde el año pasado.
“Si un condado decide tomar el asunto en sus manos, está decidiendo que sus contribuyentes también lo hagan”, comentó Hearn. “Mientras el gobierno federal esté dispuesto a hacer la parte que le corresponde, lo ideal es que tome posesión y custodia de estas personas”.
No hubo un repunte inmediato de cruces en la frontera ni reportes de detenciones, pero la noticia del fallo se difundió rápidamente y causó inquietudes entre los defensores de los inmigrantes.
”¡Terrible noticia de última hora, amigos!”. dijo Carlos Eduardo Espina en su cuenta de TikTok con más de 8 millones de seguidores, muchos de ellos migrantes en tránsito. Dijo que la ley sembraría la confusión y prometió instrucciones para “conocer sus derechos” sobre cómo responder a un interrogatorio policial.
Daniel Morales, profesor adjunto de derecho en el Centro de Derecho de la Universidad de Houston, dijo que “claramente será un desastre” implementar la ley de Texas.
“Está muy claro que Greg Abbott quiere implementar la ley para que pueda conseguir un montón de fotografías y oportunidades, pero su implementación va a requerir muchos recursos estatales. Y no sé, de hecho, cuánto apetito y capacidad realmente tiene el gobierno estatal para hacerlo”, comentó Morales. Texas se dará cuenta de que su aplicación es “difícil y agotadora”, añadió.
Las detenciones por cruces ilegales se redujeron a la mitad en enero respecto a un máximo histórico de 250.000 en diciembre, y hubo marcados declives en Texas. Los arrestos en el sector de Del Río de la Patrulla Fronteriza, epicentro de las medidas de Abbott, bajaron un 76% en comparación con diciembre. Rio Grande Valley, el corredor de mayor actividad de cruces ilegales durante la mayor parte de la última década, registró su menor cantidad de detenciones desde junio de 2020.
Tucson, Arizona, ha sido el corredor más transitado en los últimos meses, seguido de San Diego en enero, pero las razones de los cambios repentinos suelen ser complicadas y están dictadas por las organizaciones de tráfico de personas.
Cuando el presidente Biden visitó Rio Grande Valley en su segundo viaje a la frontera como mandatario el mes pasado, funcionarios del gobierno atribuyeron el descenso en el número de detenciones a un mayor control por parte de las autoridades mexicanas en esa parte de la frontera. Dijeron que las condiciones eran más difíciles en Sonora, estado situado al sur de Arizona.
