WASHINGTON.- Los niños migrantes que aguardan en campamentos improvisados ubicados en la frontera entre México y Estados Unidos para ser procesados por la Patrulla Fronteriza se encuentran bajo la custodia de la agencia y están sujetos a un antiguo acuerdo que establece estándares para su tratamiento, resolvió una jueza.
El tema de cuándo es que los niños están oficialmente bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza es particularmente importante debido al acuerdo judicial de 1997 sobre la manera en que se debe tratar a los niños migrantes que están bajo custodia del gobierno federal. Dichos estándares incluyen un tiempo límite para la detención de los menores y el suministro de servicios como retretes, lavabos y controles de temperatura.
La decisión del miércoles significa que el Departamento de Seguridad Nacional debe procesar rápidamente a los niños y colocarlos en instalaciones “seguras e higiénicas”.
Los campamentos fronterizos se han convertido en un punto álgido entre los defensores de migrantes y el gobierno federal. Estados Unidos ha dicho que los traficantes envían a los migrantes a los campamentos y argumenta que los niños no están todavía bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza porque no han sido arrestados. Los activistas dicen que el gobierno estadounidense es responsable de los niños y que la Patrulla Fronteriza suele conducir a los migrantes a los campamentos, en ocasiones incluso llevándolos en sus vehículos.
Los niños que viajan sin compañía de un adulto deben ser entregados al Departamento de Salud y Servicios Humanos en un plazo de 72 horas. Generalmente, la agencia los entrega a familiares en Estados Unidos mientras un juez de inmigración sopesa la posibilidad de darles asilo. Las familias que desean obtener asilo suelen ser liberadas en territorio estadounidense mientras sus casos avanzan por los tribunales.
“Esta es una victoria enorme para los niños en centros de detención al aire libre, pero sigue siendo una tragedia que un tribunal tenga que instruir al gobierno a hacer lo que la decencia humana básica y la ley exigen claramente”, dijo Neha Desai, directora sénior de inmigración del Centro Nacional de Justicia Juvenil. “Esperamos que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza cumpla rápidamente con la orden del tribunal, y seguimos comprometidos con hacerlos responsables de satisfacer las necesidades más rudimentarias de los niños bajo su custodia legal, incluidos los alimentos, el alojamiento y la atención médica básica”.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de momento a una solicitud de comentarios.
El fallo de la jueza de distrito Dolly Gee podría tener implicaciones de amplio alcance debido a los cambios que ha habido en las características de las personas que llegan a Estados Unidos. Hace décadas, la persona que típicamente intentaba ingresar al país era un hombre adulto procedente de México que trataba de conseguir trabajo. En la actualidad, es cada vez más frecuente que familias con niños realicen peligrosos viajes a la frontera con la esperanza de tener una vida mejor. El tener que cuidar a niños les pone distintos niveles de presión a agencias federales que históricamente se dedicaban más a tratar con adultos.
La impugnación jurídica se enfoca en dos áreas de California: una entre dos cercas fronterizas en San Diego y otra en una región montañosa remota al este de esa ciudad. Los migrantes que cruzan la frontera ilegalmente aguardan al aire libre o en ocasiones en tiendas de campaña o estructuras hechas con ramas de árboles, mientras pasan por una escasez de agua y alimentos. Cuando el número de migrantes fue especialmente elevado el año pasado, aguardaron por varios días para ser detenidos y procesados por agentes de la Patrulla Fronteriza.
Gee dijo que había “evidencia significativa” de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), a la cual pertenece la Patrulla Fronteriza, tiene control físico sobre los menores en las instalaciones al aire libre. Por ejemplo, vehículos de la CBP transportan ocasionalmente a migrantes o los dejan en los campamentos y, durante algún tiempo, les dieron brazaletes para organizarlos según la fecha en que habían llegado.
En una audiencia el 29 de marzo, el Departamento de Justicia dijo que cualquier agente que envíe, o incluso escolte, a migrantes a los campamentos “no es distinto a cualquier otro agente policial que dirige el tránsito pesado para evitar que haya desorden y caos”.
La jueza falló que el coordinador juvenil de la CBP debe llevar registros de los menores que estén bajo custodia de la agencia durante más de 72 horas, y eso incluye cualquier tiempo que los menores pasen en los campamentos. La dependencia debe asegurarse que el trato de los menores en las instalaciones al aire libre se apegue al acuerdo de 1997, escribió Gee.
Gee estableció una fecha límite del 10 de mayo para que el coordinador juvenil presente un informe provisional sobre el número de menores detenidos en instalaciones al aire libre y cómo la agencia cumple con la orden de la jueza.
