Nuevo Laredo, Tam .— La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación contra personal militar por el presunto delito de allanamiento, luego de que una joven de 23 años, con nueve meses de embarazo, denunciara el ingreso de elementos del Ejército Mexicano a su domicilio en la colonia Arboledas, en Nuevo Laredo.
La investigación quedó registrada bajo el expediente FED/TAMP/NVO.LAR/0001943/2026 y la denuncia fue recibida en la Célula IV-3, tras los hechos relatados por Priscilla Jasso Romero, quien denunció que varios militares allanaron su vivienda sin mostrarle una orden que justificara la intervención.
De acuerdo con su declaración, la joven se encontraba acostada cuando llegaron tres camionetas militares. Posteriormente, cuatro elementos uniformados y con el rostro cubierto ingresaron directamente al inmueble y comenzaron a revisar las habitaciones, bajo el argumento de que la propiedad había sido reportada, sin explicarle quién había realizado el señalamiento ni por qué motivo.
“Estaba en mi domicilio y de repente llegaron tres camionetas de los soldados y llegaron y se metieron hasta dentro de mi casa”, relató.
La denunciante también señaló que los elementos realizaron expresiones que consideró intimidatorias, situación que incrementó su temor. Incluso, aseguró que tuvo que mostrarles físicamente su embarazo porque inicialmente no le creían cuando les informó que estaba esperando un bebé.
“Le tuve que enseñar la panza porque no me creían”, manifestó la joven, quien tiene previsto dar a luz en aproximadamente dos semanas.
Más allá de la irrupción en su vivienda, Priscilla expresó su preocupación por las posibles consecuencias que el episodio pudiera tener en su salud y la de su hijo, debido al fuerte impacto emocional que experimentó.
“Sí me asusté bastante porque estoy embarazada y mi panza se me puso muy, muy dura de lo del susto”, declaró, al explicar que después del incidente consideró necesario acudir a una revisión médica para verificar las condiciones de ambos.
Con la apertura de la carpeta de investigación, corresponderá al Ministerio Público Federal recabar los testimonios y elementos de prueba necesarios para esclarecer las circunstancias del ingreso al domicilio, identificar a los participantes y determinar si existieron conductas constitutivas de delito.
La joven exige que las autoridades investiguen lo ocurrido, garanticen su seguridad y establezcan las responsabilidades correspondientes, al considerar que ninguna persona debe enfrentar una intervención de esta naturaleza sin que se respeten sus derechos y las garantías legales.
“Exijo que estos hechos sean investigados y que se garantice el respeto a los derechos humanos”, expresó.
El caso coloca nuevamente la atención en las denuncias ciudadanas relacionadas con intervenciones de fuerzas de seguridad en domicilios particulares y la obligación de que cualquier actuación de las autoridades se realice dentro del marco legal, con respeto a la integridad y los derechos humanos.
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