Nuevo Laredo, Tam.— Lo que comenzó como un regreso a casa terminó en una denuncia por abuso de autoridad, intimidación y uso desproporcionado de la fuerza por parte de elementos del Ejército Mexicano, en contra de una madre de familia y su hijo, de 15 años, ciudadano estadounidense.
Mariana, de 40 años, narro que la noche del miércoles 11 de noviembre viajaba con su hijo de 15 años, cuando una unidad militar comenzó a seguirlos, encendiendo luces y apuntándoles con dispositivos láser verdes.
El adolescente norteamericano, ante el temor fundado por las agresiones perpetradas en Nuevo Laredo por los militares, intentó alejarse. Sin embargo, sobre la calle Medellín, a la altura de Río Níger, una unidad choco en forma intencional la parte trasera del automóvil que conducía, provocando que perdiera el control y chocara contra vehículos estacionados.
“Ahí fue cuando yo le dije a mi hijo que se bajara del vehículo y se escondiera de los soldados ya que siempre he visto en redes sociales o noticiarios que los militares agreden a las personas y yo no quería que le hicieran daño a mi hijo”, aseveró la madre de familia.
Mariana terminó con heridas en el rostro y abundante sangrado. Pero su denuncia contiene un señalamiento todavía más grave: acuso que después de recibir primeros auxilios, los militares la intimidaron para grabar un video con un teléfono personal de un soldado, obligándola a declararse responsable del accidente y de los daños ocasionados.
“Ahí fue cuando se acerca otro militar y me empieza a decir que me iban a grabar y que tenía que decir que me habían brindado el apoyo para las curaciones y que yo tenía la culpa del choque y que yo me iba a ser responsable de los daños causados a terceros. Y fue cuando me hicieron el video donde me dijeron de nueva cuenta que yo tenía que decir que era la responsable del choque y que yo me iba a hacer cargo de todos los daños que le causé a los vehículos estacionados” acusó la mujer.
La madre de familia sostiene que lo hizo por miedo a represalias y por temor a que también agredieran a su hijo, quien tuvo que esconderse entre los vecinos.
Pero no serían las únicas víctimas. Habitantes y propietarios de tres vehículos dañados denuncian que los militares les impidieron tomar fotografías, los amenazaron y los obligaron a regresar a sus domicilios antes de retirarse del lugar.
Estos señalamientos exigen una investigación seria, independiente y transparente.
Porque cuando una madre herida teme por su vida, un adolescente tiene que esconderse de los miliares y los vecinos callan por miedo a represalias, estamos ante una denuncia que no puede ignorarse.
La población necesita protección, no intimidación. Y quienes tienen la obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos también tienen la obligación de responder ante la ley.
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