CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de México anunció el jueves el hallazgo de fragmentos óseos de un hombre en la finca Rancho Izaguirre del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), un caso que conmocionó al país hace un año y del que activistas denunciaron fallas de las autoridades en las investigaciones sobre personas desaparecidas.
Al presentar los avances de las investigaciones, la Fiscalía General de la República informó en un comunicado que hasta la fecha han sido apresadas 47 personas y existen otras órdenes de aprehensión vigentes, pero no ofreció detalles.
Asimismo, el Ministerio Público indicó que en el predio del poderoso cártel fueron recolectados “fragmentos y multifragmentos de restos óseos”, así como elementos balísticos y prendas de vestir. El Rancho Izaguirre, ubicado cerca de la localidad de Teuchitlán, en el estado de Jalisco, era empleado como centro de adiestramiento y reclutamiento forzado.
El estudio del perfil genético permitió determinar que los restos óseos corresponden “a una persona de sexo masculino”, señala el comunicado, y agrega que aún no se ha logrado determinar la identidad de la víctima y que se mantienen las acciones de búsqueda.
El caso del Rancho Izaguirre también dejó al descubierto los vínculos políticos del CJNG, que hasta hace dos semanas era dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, antes de ser abatido en un operativo militar en Tapalpa, Jalisco.
El reporte de la Fiscalía no coincide con la denuncia que realizó hace un año el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco —integrado por buscadores de personas desaparecidas—, que informó la localización de numerosos restos óseos calcinados y cientos de prendas de vestir en el Rancho Izaguirre. Ello apuntaba a que en el lugar pudieron ser asesinadas varias personas, cuyos restos habrían sido quemados. El rancho había sido intervenido en septiembre del 2024 por la Guardia Nacional y las autoridades estatales, que por varios meses no avanzaron en las investigaciones.
Al ratificar su denuncia, el colectivo informó en abril pasado que en el predio recuperaron “17 lotes de restos humanos óseos calcinados”, los cuales fueron llevados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
El hallazgo del colectivo desató fuertes críticas a las investigaciones de las autoridades mexicanas, en particular en los casos de desapariciones.
Ante la controversia, la Fiscalía General de la República asumió el caso, que desde septiembre de 2024 había estado en manos de la fiscalía de Jalisco, señalada de incurrir en fallas y omisiones.
Las críticas contra las autoridades estatales fueron ratificadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en un comunicado del 27 de febrero, en el que documentó las deficiencias y omisiones en el procesamiento de evidencias recolectadas en el Rancho Izaguirre.
En su informe, la CNDH afirmó que la fiscalía estatal incurrió en “irregularidades” en la preservación del inmueble y las pruebas, en el procesamiento técnico-criminalístico de los indicios, y en la documentación de la cadena de custodia, lo que aseguró que constituyen “deficiencias sistemáticas que vulneraron los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica”.
Por el caso fue detenido el año pasado José Murguía Santiago, alcalde del municipio de Teuchitlán, así como tres policías municipales, y un operador que se dedicaba a reclutar posibles miembros de la organización criminal.
