NUEVO LAREDO, TAM.- Congelada la aprobación de la Nueva Ley General del Autotransporte para acabar con la excesiva regulación y multas que han debilitado las finanzas de empresas transportistas, pequeñas y grandes.
Han transcurrido 8 meses desde la presentación de la Nueva Ley General de Autotransporte por el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), Enrique González Muñoz ante diputados federales, y desde entonces no ha sido revisada en comisiones.
Empresarios del sector autotransporte de carga necesitan un nuevo marco normativo para homologar los reglamentos federales, estatales y municipales relativos a la prestación de los servicios de autotransporte de carga federal y evitar la creciente sobrerregulación que se aplica en más de 60 municipios del país, como ocurre en estados como Nuevo León y Jalisco.
Las disposiciones diseñadas y aplicadas por los municipios y estados son consideradas como sobrerregulación y sus propósitos son meramente para recaudar dinero por los permisos que requieren tramitar las empresas del autotransporte de carga.
Eduardo Lozano Guajardo, delegado en Nuevo Laredo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), expuso que la actividad del autotransporte de carga es de carácter federal y corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) vigilar a las empresas del sector a que acaten los reglamentos y disposiciones, por lo tanto, no es facultad de los gobiernos locales.
Por la excesiva regulación, los empresarios transportistas pagan multas y amparos como sucede en el estado de Nuevo León desde 2017 cuando aplicaron su propio reglamento, un caso que se extendió a una larga lista de ciudades para controlar el tránsito de camiones de carga.
Los funcionarios federales de la SCT, Carlos Morán Moguel, subsecretario de Transportes y Salomón Elnecavé, titular de la Dirección General de Autotransporte Federal, en agosto del 2020 se comprometieron con el presidente de la CANACAR en revisar la propuesta y aprobar una Nueva Ley para el Autotransporte que ponga fin al actual marco regulatorio con más de 20 años.
