CIUDAD DE GUATEMALA.- La fiscalía guatemalteca solicitó el martes a la Corte Suprema de Justicia retirar la inmunidad a los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral por una denuncia de fraude que presentó el partido de la ex primera dama Sandra Torres, quien perdió las elecciones presidenciales frente al presidente electo Bernardo Arévalo.
Arévalo, por su parte, ha denunciado que la fiscal general Consuelo Porras encabeza un plan en su contra para evitar que asuma la presidencia.
Sin embargo, tras reunirse el martes con el secretario general de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro, quien se encuentra en el país para cerciorarse de que se dé inicio a las discusiones para la transición de gobierno entre el equipo de Arévalo y el actual mandatario Alejandro Giammattei, Porras negó las acusaciones, las cuales han derivado en manifestaciones para exigir su renuncia.
“Rechazamos frontal y contundentemente cualquier señalamiento de que se esté formando parte de un proceso de un golpe de Estado, como falsamente se ha manifestado”, dijo Porras en una declaración a medios. Agregó que se trata de una campaña de desinformación “falsa e irresponsable” que “tiene como objetivo detener las investigaciones y denuncias. Una investigación jamás podría dar un golpe de Estado y menos cambiar los resultados de un evento electoral”.
Sin embargo, el requerimiento de la fiscalía es una más de las acciones judiciales desplegadas desde la primera vuelta de los comicios presidenciales contra los órganos electorales, así como contra las juntas y sus integrantes que se encargaron del proceso de conteo de votos, a raíz de denuncias de los partidos políticos inconformes con los resultados.
La fiscalía además aceleró sus investigaciones contra el Movimiento Semilla, el partido de izquierda que llevó a la presidencia a Arévalo, el cual es indagado judicialmente por presuntas irregularidades en las firmas que presentó para constituirse como partido y por el que enfrenta varios intentos de suspensión de su personalidad jurídica.
El partido de Torres, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), presentó hace poco más de una semana una denuncia por fraude electoral contra los magistrados electorales por el sistema de conteo de votos que reflejó los resultados de los comicios.
La ex primera dama, que ha guardado silencio desde que perdió sus terceras elecciones presidenciales, se niega a aceptar los resultados anunciados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que dio como ganador al progresista Arévalo.
El martes, el TSE entregó las credenciales que acreditan como presidente electo a Arévalo y a su vicepresidenta electa Karin Herrera.
“En las ultimas semanas hemos sido sometidos a un análisis exhaustivo entre la validación del proceso electoral y los desafíos que aún persisten”, dijo la magistrada presidenta Irma Palencia antes de entregar las credenciales. Es importante, recalcó, “la necesidad de respetar el Estado de derecho, la separación de poderes, la alternatividad del poder y los derechos civiles y políticos de todos guatemaltecos expresado en las urnas”.
Arévalo agradeció la entrega de credenciales y dijo que los magistrados del TSE son un elemento central en el proceso de defensa de la democracia en el país.
“Los magistrados y magistradas se han constituido en un baluarte para impedir los intentos de asaltos a la autoridad electoral desde otros poderes de Estado y en ese sentido su acción ha constituido en una defensa central de los valores democráticos del país”, dijo Arévalo.
“El pueblo ya decidió, el pueblo ya votó y el pueblo ganó y eso es lo que se tiene que respetar”, dijo la vicepresidenta electa Karin Herrera.
Iniciadas las reuniones de transición de gobierno y las credenciales entregadas, se inicia el proceso de traspaso de autoridad, explicó el presidente electo.
“El Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad electoral y debemos garantizar la democracia y así lo hemos hecho”, concluyó el magistrado Gabriel Aguilera.
Según el abogado de UNE Carlos López, el partido cuestiona la duplicidad de 164 actas que procesaron los votos emitidos por los ciudadanos en las urnas, por lo que pidieron investigar a los magistrados por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad con propósito electoral.
Durante las elecciones del 25 de junio, en primera vuelta electoral, hubo incidentes de violencia en cinco municipios del país, lo que obligó a repetir elecciones para alcaldes locales en esos lugares el 20 de agosto, cuando se llevó a cabo la segunda vuelta electoral general para elegir presidente y vicepresidente.
En esos municipios hubo precisamente 164 mesas electorales en donde además de comicios presidenciales se repitieron las elecciones municipales, lo que derivó en que de cada mesa se emitieran dos actas, una por elección presidencial y otra por la elección municipal.
La UNE también cuestionó que hubo un escrutinio precipitado y que el proceso de conteo fue materialmente imposible de suceder dada la velocidad en que se dieron a conocer los resultados. Por ello, pidieron análisis forenses sobre el sistema de transmisión de resultados preliminares u otro sistema usado por el tribunal electoral, desde la primera vuelta.
