LOS ÁNGELES.- Un juez federal rechazó el miércoles una solicitud del gobierno de presidente estadounidense Donald Trump para impedir que California procese las papeletas de hasta 20.000 personas que señala que posiblemente no sean ciudadanas, advirtiendo que esa medida “causaría estragos” en las elecciones legislativas.
La decisión del juez de distrito David O. Carter se produce cuando más de 3,7 millones de personas ya han emitido su voto en el estado.
“El deterioro en la confianza en nuestra democracia es irreparable. Una vez que un voto es separado, se produce un daño duradero”, escribió Carter. “Si el Ejecutivo puede descartar votos y amenazar una elección en curso con acusaciones infundadas, entonces nuestra democracia está en peligro. Este tribunal se niega a ser parte de ese proceso”.
Los fiscales del Departamento de Justicia aseguraron que apelarán la decisión de inmediato.
La decisión es el más reciente revés legal para Trump en su intento de ampliar el control federal sobre las elecciones administradas por los estados, antes de la votación que decidirá el control del Congreso durante el resto de su mandato.
El gobierno federal demandó a funcionarios electorales de California a mediados de octubre, acusándolos de no cumplir un plazo de 48 horas para revisar una lista de 20.000 nombres que, según alegó, probablemente correspondían a personas que no eran ciudadanas y figuraban en el padrón electoral del estado. El gobierno de Trump había pedido al juez que ordenara al estado que esperara para contar esas papeletas hasta que pudiera verificar el estatus migratorio de los votantes.
El Departamento de Justicia presentó esta semana una solicitud similar en el estado de Washington para que las autoridades estatales tomaran custodia de las papeletas presentadas por cientos de personas de las que sospecha que no son ciudadanos estadounidenses. En tanto, otra demanda presentada en Alaska la semana pasada busca retrasar la certificación del voto en caso de que el republicano que se postula al Senado federal no gane los comicios. Las tres entidades tienen contiendas para la Cámara de Representantes o el Senado que ayudarán a determinar el control en el Congreso.
Juez: Solicitud del Departamento de Justicia viola leyes de derechos civiles
La orden de Carter fue una enérgica reprimenda a la exigencia del gobierno federal, argumentando que que separar las papeletas a estas alturas de la elección requeriría que los condados desarrollaran nuevos métodos para clasificar las boletas “conllevaría el riesgo de privar del derecho al voto a un número incalculable de votantes”. En otras palabras, argumentó, tendría el mismo efecto que una depuración votantes y por lo tanto es una violación a la Ley Nacional de Derecho al Voto, la cual prohíbe cambios en los padrones electorales dentro de los últimos 90 días antes de una elección.
La solicitud del gobierno federal, escribió Carter, “causaría estragos y afectaría una elección que ya está en marcha, crearía un efecto disuasorio tanto en los trabajadores electorales como en los votantes, y descartaría los votos de ciudadanos de Estados Unidos”.
California envía boletas por correo a los 23 millones de votantes registrados. Documentos judiciales muestran que para esta semana ya se habían procesado más de 500.000 papeletas, lo que significa que se verificaron los sobres y retiraron las boletas. Esto hace que sea prácticamente imposible saber qué papeleta pertenecía a cierto votante en particular, de acuerdo con el testimonio de funcionarios del condado de Los Ángeles.
Carter, designado al cargo por el expresidente demócrata Bill Clinton, también rechazó el argumento del Departamento de Justicia de que California obstaculiza la capacidad del gobierno federal para aplicar la ley. Argumentó que los fiscales ya demostraron la capacidad implementar la ley electoral cuando arrestaron a 28 extranjeros no ciudadanos que habían votado o se habían registrado para votar ilegalmente.
Carter había dicho previamente en el tribunal que se inclinaba a nombrar a un interventor especial para revisar los procesos de datos del gobierno. Su orden del miércoles parecía dar marcha atrás, y no designó a nadie.
El Departamento de Justicia apelará la decisión
El gobierno federal aseguró que apelará por segunda vez el caso el miércoles por la noche. La primera apelación fue rechazada por el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito, ya que se adelantó a la decisión del tribunal de distrito. Dos de los tres jueces también expresaron un profundo escepticismo sobre los méritos de la demanda como tal.
El primer fiscal federal adjunto Bill Essayli, quien presentó argumentos a nombre del gobierno federal, insistió el miércoles en los méritos de la demanda.
“Cada día los funcionarios electorales procesan más boletas”, escribió Essayli en redes sociales tras el fallo. “Esta emergencia en curso priva a ciudadanos estadounidenses de su derecho al voto mediante la dilución”.
Essayli ha dicho previamente que la solicitud del gobierno no impediría la elección.
“Separar una boleta no impide que se cuente más tarde”, dijo. “Está diseñado para preservar el statu quo y evitar la infección de nuestra elección con papeletas ilegales”.
La decisión de California refleja una tendencia nacional
Expertos en derecho electoral que siguen el caso han dicho que el fallo encaja con un cambio más amplio.
David Becker, director ejecutivo del Centro para la Innovación e Investigación Electoral, aseguró que la decisión del tribunal de distrito “confirmó lo que ya sabíamos: los estados y no el gobierno federal, son los encargados de administrar las elecciones”.
Añadió que las exigencias del Departamento de Justicia a los funcionarios electorales de California a tan pocos días de la jornada electoral parecen “diseñadas para causar caos”.
“Pero afortunadamente, los esfuerzos del gobierno por interferir con las elecciones legislativas están fracasando”, subrayó.
