CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades anunciaron el miércoles la detención de un hombre identificado como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de un popular alcalde del occidente de México, cuya ejecución intensificó el malestar de los mexicanos por la violencia desatando protestas en distintos puntos del país.
A más de dos semanas del homicidio de Carlos Manzo, alcalde de la ciudad occidental de Uruapan, en el estado de Michoacán, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo a la prensa que fue apresado un hombre identificado como Jorge Armando “N”, quien sería una de las personas que presuntamente participó en la planeación del homicidio.
García Harfuch detalló que el detenido es líder de una célula delictiva de Michoacán vinculada al poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En Michoacán, que es el principal productor de aguacate y limón del país, operan células del CJNG, la Familia Michoacana y las organizaciones locales Los Viagras, Los Caballeros Templarios y Los Blancos de Troya.
El hombre fue arrestado el martes en la ciudad de Morelia, capital de Michoacán, informó el fiscal de ese estado, Carlos Torres Piña.
Las autoridades locales aún no han logrado determinar el móvil del asesinato del político independiente, de 40 años, que murió el 1 de noviembre en un hospital de Uruapan tras recibir siete impactos de bala que disparó un joven pistolero que lo atacó en una plaza de esa ciudad en medio de decenas de personas que participaban en las celebraciones del Día de Muertos. El agresor, de 17 años, falleció en la plaza tras ser tiroteado por la seguridad del alcalde.
Manzo contaba desde diciembre de 2024 —tres meses después de asumir el cargo— con protección y en mayo se había reforzado su seguridad con personal de la policía municipal y 14 efectivos de la Guardia Nacional tras recibir amenazas de los grupos delictivos.
Pocos días después del homicidio del político su viuda, Grecia Quiroz, asumió como presidenta municipal de Uruapan.
La muerte de Manzo desató protestas en Morelia, Uruapan y Apatzingán, donde el 19 de octubre había sido tiroteado el dirigente de los productores de limón de esa región Bernardo Bravo.
El 15 de noviembre se registró en la capital mexicana y otras ciudades del país grandes movilizaciones contra la violencia que golpea vastas regiones de México. La marcha en la Ciudad de México culminó en enfrentamientos entre manifestantes y policías que dejaron más de un centenar de lesionados, muchos de ellos agentes policiales, y una veintena de detenidos.
En medio del malestar que generó el asesinato de Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 4 de noviembre el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” para reforzar la seguridad en el estado con más de 10.000 elementos federales, y la activación de programas sociales y económicos para atender las causas de la violencia, uno de los ejes de la política de seguridad que instauró desde que llegó al gobierno hace un año.
En octubre Michoacán ocupó el séptimo lugar en el número de homicidios a nivel nacional al acumular en los primeros diez meses del año 1.132 casos, según cifras oficiales.
Aunque las autoridades estatales aseguran que en el primer semestre disminuyeron 17% los homicidios en Michoacán en comparación con igual período de 2024, los recientes asesinatos de los alcaldes de Tepalcatepec y Tacámbaro, Martha Laura Mendoza y Salvador Bastidas; del periodista Mauricio Cruz Solís y de Bravo generan una percepción diferente.
Entre 2022 y 2024 también fueron baleados otros cuatro alcaldes en Michoacán: Yolanda Sánchez en el municipio Cotija; Guillermo Torres en Churumuco; César Valencia en Aguililla, y Enrique Velázquez en Contepec.
