CIUDAD DE MÉXICO.-México tiene la mejor legislación anticorrupción de América Latina, pero sus autoridades son de las más ineficaces para prevenir y sancionar estas conductas, revela la ‘Evaluación Anticorrupción de América Latina 2021-2022’.
El estudio, realizado por el Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional, con sede en Nueva York, establece que las autoridades mexicanas encargadas de la lucha anticorrupción carecen de independencia y que la persecución penal se ha hecho con un sesgo político.
‘La comunidad jurídica consultada identifica que la lucha anticorrupción está siendo utilizada para fines políticos, pues no se brinda el apoyo necesario al Sistema Nacional Anticorrupción y a otras entidades, al contrario, se les ataca desde el Poder Ejecutivo.
‘Además, existe mucho interés por perseguir casos de corrupción de administraciones pasadas, pero no casos actuales, incluyendo el reciente caso de posible corrupción para beneficiar a uno de los hijos del Presidente’, advierte.
El documento evalúa tres aspectos de 17 países de la región: legislación, autoridades e implementación, y otorga a cada uno de ellos una calificación de 0 a 10, donde cero es la calificación más baja y 10 la más alta.
En materia de legislación, México obtuvo 9.30, la más alta de la región; en el rubro de autoridades 3.50, una de las más bajas y en la que sólo superó a Paraguay, El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela, y en implementación 4.83, colocándose en la media tabla.
Combinados esos tres componentes, la evaluación general obtenida por el País fue de 5.64, mientras que Uruguay fue el más alto, con 8.36, y Venezuela el más bajo, con 2.87 de calificación.
