TEXAS.- El Gobierno del Presidente estadounidense Joe Biden no está requiriendo que el FBI averigüe los antecedentes de los cuidadores en su red de instalaciones de emergencia para albergar a miles de adolescentes y niños migrantes, alarmando a expertos de bienestar infantil que dicen que la exención pone en peligro la seguridad.
En la premura para sacar a los niños de las instalaciones atestadas y poco adecuadas de la Patrulla Fronteriza, el equipo de Biden está empleado una medida usada por gobiernos previos: campamentos de tiendas, centros de convenciones y otras instalaciones enormes operadas por contratistas privados y financiadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. En marzo, la Administración Biden anunció que abrirá ocho nuevos sitios de emergencia en el suroeste del país con 15.000 camas, aumentando a más del doble el sistema existente.
Esos sitios no tienen que recibir licencia por las autoridades estatales ni proveer los mismos servicios que las instalaciones permanentes del departamento. Además, cuestan mucho más, un estimado de 775 dólares diarios por niño.
Y para proveer personal a esos sitios rápidamente, el Gobierno ha suspendido los exámenes de antecedentes por medio de las huellas dactilares dirigidos a proteger a los menores.
El personal y los empleados que cuidan directamente a los menores en los nuevos sitios de emergencia no tienen que someterse a revisiones de huellas dactilares por el FBI, que usan las bases de datos de delincuentes no accesibles al público y pueden detectar a alguien usando una identidad falsa.
El Departamento de Salud dijo en un comunicado el viernes que las personas que cuidan directamente a los menores “deben pasar por revisiones de antecedentes delictivos”. Esos exámenes generalmente toman menos tiempo, pero dependen en gran parte de la veracidad de la información proveida por el sujeto.
La agencia dijo que aquellos que proveen cuidados directos son supervisados por empleados federales u otros que han sido sometidos a revisiones de antecedentes basados en pruebas dactilares.
Durante el Gobierno de Donald Trump, el Departamento de Salud durante meses no se aseguró de que se realizasen revisiones de huellas dactilares a los trabajadores en un campamento en Amarillo, Texas. Una investigación de la AP en el 2018 encontró también que personal en otro campamento, en Homestead, Florida, no se sometió a exámenes de rutina para descartar acusaciones de abuso de menores.
