CIUDAD DE MÉXICO.-Ministros de la Suprema Corte de Justicia criticaron ayer el proyecto de su colega Loretta Ortiz, que propone avalar la reforma de marzo de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Está por verse, sin embargo, si se reunirán los ocho votos necesarios para invalidar los principales aspectos de la reforma, que favorece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de los productores privados.
Los ministros Javier Laynez y Juan Luis González Alcántara se pronunciaron por la invalidez de las principales reformas a la LIE.
Pero ningún otro Ministro alcanzó a opinar sobre la Cuestión A del proyecto, que es la más importante: el despacho preferente de energía generada por centrales propiedad de la CFE, o de productores privados que construyeron plantas para CFE y sólo pueden venderle a la empresa estatal.
El ministro presidente, Arturo Zaldívar, levantó la sesión pasada a las 14:00, hora en que habitualmente terminan las sesiones, anunció que el jueves el debate iniciará a las 11:00 horas, y se prolongará todo el tiempo que sea necesario para resolver la acción y las dos controversias a discusión.
Una discusión inicial sobre el capítulo preliminar del proyecto de Ortiz, que fue desechado por 6 votos contra 5, permite anticipar que es probable que los ministros Luis María Aguilar, Jorge Pardo, Norma Piña, Alberto Pérez Dayán y Margarita Ríos Farjat, también estarían por invalidar uno o varios de los principales artículos de la LIE que fueron impugnados.
El Presidente Arturo Zaldívar y Alfredo Gutiérrez no adelantaron posturas, y sólo rechazaron que el acceso a la energía eléctrica pudiera ser visto como un derecho humano, como proponía Ortiz.
El único apoyo aparentemente total al proyecto provendría de la ministra Yasmín Esquivel, es decir, todavía es posible que haya cuatro votos necesarios para bloquear la invalidez y llevar a la Corte a desestimar las demandas, sin hacer pronunciamiento sobre la LIE.
Tunden trato preferente
El ministro Javier Laynez evidenció lo que el proyecto de Ortiz rechaza: que la reforma da trato preferencial a la CFE, al priorizar el despacho de energías de centrales legadas o legadas externas, que sólo venden a la CFE.
‘La ley lo que está haciendo es crear una prioridad en el despacho para las centrales eléctricas públicas. Yo no sé si esto es bueno o malo, si es pertinente o no, si CFE produce o debe producir mejor, la política pública no nos corresponde a nosotros como jueces Constitucionales.
‘Debemos limitarnos a ver si tiene sustento en el marco constitucional vigente, y el texto constitucional vigente no permite esto: primero establecer una prioridad en el despacho para las centrales públicas, para la electricidad que exclusivamente produce la CFE’, dijo Laynez.
En su larga intervención, Laynez explicó que, al volverse optativa la compra de energía en subastas, CFE Suministrador de Servicios Básicos le puede comprar a CFE Generación, sin que ésta tenga que competir con productores privados.
González Alcántara dijo apoyar varios aspectos del proyecto, como fortalecer a CFE, pero luego aclaró que votará por invalidar los artículos 3 fracción 5, 4 fracción 6, 26 y 53, que son los aspectos centrales de la reforma a la LIE.
‘Permitir que cualquier central eléctrica pueda constituirse como legada, siempre y cuando sea propiedad del Estado, es una medida que viola la libre competencia, porque implica que CFE Suministrador pueda contratar con CFE Generación para la obtención de energía sin pasar por un mercado competitivo, lo que desplaza a todos sus competidores.
‘La medida contraviene los derechos humanos a medio ambiente sano y a la salud, pues no se permite que la energía se consiga en mercados competitivos, como serían las subastas, lo que tienen efecto directo en desplazamiento de las energías limpias’, agregó. ‘Se permitirá que se compre energía más cara que la que se ofrecía en las subastas’.
Destacó que sólo 12.5 por ciento de la energía del país es eólica o solar, por lo que el Congreso tenía que haber probado que su intermitencia afecta la seguridad del sistema eléctrico.
La ministra Ortiz había defendido que la intermitencia de eólicas y solares obliga al respaldo permanente de plantas de CFE, lo que justifica priorizar el despacho de éstas.
Capítulo previo
En la discusión inicial, la mayoría de los ministros rechazó un capítulo previo del proyecto de Ortiz, que proponía declarar que el acceso a la electricidad es un derecho humano.
Ese capítulo también afirmaba que la reforma constitucional de 2013 buscó fortalecer la rectoría del Estado y dejó amplio margen de configuración al Congreso para regular el sistema eléctrico y fortalecer a la CFE.
Varios ministros criticaron al proyecto por centrarse únicamente en los aspectos que la Constitución siguió reservando al Estado: planeación del SEN, así como transmisión y distribución de energía.
En cambio, el proyecto no se ocupaba de lo que sí fue reformado: la apertura de la generación y la comercialización a la competencia con empresas privadas; la separación de CFE en varias empresas, con algunas filiales obligadas a competir con privadas en igualdad de circunstancias, y el mandato para favorecer la transición a energías limpias, entre otros.
‘El marco constitucional del proyecto no recoge todas las características esenciales de la reforma de 2013’, dijo Luis María Aguilar. ‘No nos toca cuestionar la voluntad del Constituyente, sino velar por su respeto’.
Muchos de estos cambios se incluyeron en el amplio régimen transitorio de la reforma Constitucional, que mencionó Laynez, casi no se tocaba en el capítulo desechado.
‘No puede aceptarse que las redes de transmisión y distribución puedan estar en servicio ilimitado, a la ahora que quieran y cuando quieran los demás participantes en el mercado, precisamente por su carácter estratégico, las leyes secundarias deben hacer eficiente su funcionamiento, regulando el mercado para evitar abusos de los competidores’, dijo en la minoría Yasmín Esquivel.
A petición de Zaldívar, las intervenciones sobre este punto se fueron reduciendo al mínimo, para agilizar el debate.
Si bien favorece a la CFE, la reforma a la LIE es mucho menos agresiva que los cambios a la Constitución planteados por López Obrador, que el Congreso discutirá a partir de la próxima semana.
