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Corte en EU revierte el fallo que anuló ley sobre la deportación

El fallo supone un revés para los activistas que esperaban ver cambios importantes en el sistema de inmigración del país

Esta fotografía facilitada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos muestra a personas en custodia relacionadas con casos de ingreso ilegal en Estados Unidos dentro de jaulas en una instalación en McAllen, Texas, el 17 de junio de 2018. (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) del Sector Rio Grande Valley vía AP, Archivo)
AP

LAS VEGAS.- Una corte federal de apelaciones ha revertido un fallo en Nevada que había anulado una antigua ley federal de deportación por considerarla racista e inconstitucional.

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dijo el lunes en su decisión que la Sección 1326 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad —que tipifica como delito regresar a Estados Unidos después de una deportación, expulsión o negación de ingreso— “es neutral en sí en el aspecto racial”.

El fallo supone un revés para los activistas que esperaban ver cambios importantes en el sistema de inmigración del país después de que la jueza federal Miranda Du desechara hace más de dos años una acusación de reingreso ilegal contra un inmigrante mexicano. Du dijo haber desestimado el caso porque la Sección 1326 de dicha ley había violado los derechos constitucionales de Gustavo Carrillo López y discrimina a los latinos.

“Estamos profundamente decepcionados del fallo del Noveno Circuito que ratifica la Sección 1326, una ley discriminatoria que continúa alimentando el encarcelamiento a gran escala de personas negras y morenas, dilapida recursos gubernamentales y separa a las familias”, dijo Sirine Shebaya, directora ejecutiva del National Immigration Project.

Una abogada de Carrillo también se dijo decepcionada de la resolución de la corte, pero declinó señalar si apelaría ante la Corte Suprema federal.

“Tenemos la intención de buscar una revisión adicional sobre este muy importante asunto constitucional”, indicó Amy Cleary en un comunicado dirigido a The Associated Press.

El fallo de Du en agosto de 2021 fue el primero de su tipo desde que el Congreso tipificó como delito hace casi un siglo regresar a Estados Unidos tras una deportación de acuerdo con la Ley de Extranjeros Indeseables de 1929. El Departamento de Justicia apeló rápidamente y continuó aplicando la Sección 1326 en diversos casos en el país, porque Du no había incluido en su orden una medida cautelar contra la ley.

El gobierno federal había reconocido previamente que la ley de 1929 se basaba en el racismo, pero alegó en diciembre ante un panel de tres jueces del 9no circuito que revisiones posteriores, incluida la Sección 1326, la hacían constitucional.

“Esa ley, tal como fue decretada en 1952 y modificada desde entonces, es constitucional de acuerdo con los principios de protección igualitaria”, dijo un abogado del Departamento de Justicia a los jueces. “Y la corte de distrito en este caso es la única en el país que concluye lo contrario”.

El Departamento de Justicia se negó el lunes a comentar sobre el fallo de la corte de apelaciones.

En su fallo, Du escribió que la revisión de 1952 no había “depurado” las “raíces racistas y localistas” de la ley de 1929, y agregó que las enmiendas hechas a la Sección 1326 en el curso de los años “simplemente volvieron a la disposición más punitiva y ampliaron sus alcances”.

De octubre de 2021 a septiembre de 2022, el año fiscal del gobierno federal, 96% de las personas acusadas con la Sección 1326 provenían de México, América Central, Sudamérica y las islas caribeñas hispanohablantes.

La sección 1326 y su contraparte de delito menor, la Sección 1325, figuran entre los cargos más numerosos aplicados por el gobierno federal. La sección 1325 tipifica como delito el ingreso no autorizado a Estados Unidos.

Los juicios alcanzaron cifras históricas en el año fiscal 2019, cuando casi 90.000 personas fueron acusadas de acuerdo a la Sección 1325 y casi 15.500 con la Sección 1326. El número de casos ha disminuido desde la aparición de la pandemia de COVID-19, pero el Departamento de Justicia continúa enjuiciando a decenas de miles de personas anualmente por reincidir en el ingreso ilegal.

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