CIUDAD DE MÉXICO.- Tras cinco días de secuestro, Marina Garay Cabada, madre del Alcalde de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay, fue liberada el pasado domingo en un paraje de Catemaco, confirmaron autoridades de los tres niveles este lunes.
Aunque desde ayer surgió la versión de la liberación de la ex Alcaldesa, fue hasta este lunes que el Edil independiente emitió un mensaje en sus redes sociales sobre el caso.
“Mi madre ya se encuentra bien. Una mujer fuerte y valiente que nos volvió a enseñar que nunca nos rendimos. Ahora viene una nueva etapa para nosotros, porque situaciones como éstas dejan secuelas que debemos vencer”, escribió.
En conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la información de la liberación la recibió por parte de la Guardia Nacional.
“Ya se liberó a la mamá del Presidente municipal de San Andrés Tuxtla, que estaba secuestrada, se logró la libertad de la señora, que es lo más importante, cuidar la vida, en todo lo que tiene que ver con homicidios, con estos crímenes, en la mayoría de los casos se aclaran, se castiga a los responsables, no hay impunidad para nadie”, expresó.
Asimismo, el Gobernador Cuitláhuac García añadió que la Fiscalía General del Estado (FGE) sigue la investigación para determinar qué delito fue el que sufrió Garay Cabada, también ex diputada local y federal.
“Las investigaciones seguirán su curso, nosotros nos reservamos las actuaciones, porque no queremos que se pretenda enrarecer el caso, tenemos que ser cautos, no olvidemos que el hecho podría usarse o quererse usar en las cuestiones político, electorales, partidistas, no queremos que eso se contamine de ese tipo de señalamientos”, afirmó.
“Hay un presunto secuestro, ya la instancia correspondiente seguirá la investigación, ya dirán qué fue, privación ilegal de la libertad, secuestro, y lo que sí, ante cualquier delito de ese tipo daremos con los responsables”.
El pasado 11 de mayo, el Alcalde informó que su madre había sido secuestrada en una ciudad que tenía a la Policía desarmada por parte del Gobierno estatal, al no haber cumplido con estándares y exámenes de confianza.
