SANTA FE, Nuevo México.- Miembros de una comisión de un condado rural de Nuevo México extendieron el miércoles la autorización para que unas instalaciones de detención de migrantes mantengan cooperación con autoridades federales, pese a las objeciones de activistas por los derechos de los inmigrantes que señalan la existencia de condiciones inhumanas e infracciones al debido proceso en el Centro de Detención del Condado Torrance, el cual es operado por una empresa privada.
La aprobación por 3 votos a favor y cero en contra en la comisión del condado Torrance despeja el camino para una extensión de cuatro meses, hasta septiembre, de un acuerdo con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para la detención de migrantes en las instalaciones.
En una reunión pública, activistas reiteraron sus críticas de que las condiciones de vida en las instalaciones son inadecuadas y el acceso a asesoría legal es limitado para los solicitantes de asilo que van a dar allí. Los críticos de ese centro de detención han exhortado a las autoridades federales de inmigración a poner fin a su contrato con un operador privado de centros de detención, y también han exhortado infructuosamente a los legisladores estatales a prohibir los contratos gubernamentales locales para la detención de migrantes.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) anunció el martes que había hallado documentos del ICE que muestran que un migrante brasileño de 23 años no recibió atención adecuada de salud mental antes de que se suicidara en agosto de 2022 en el Centro de Detención del Condado Torrance, luego de que se le denegó el asilo. Contactados por correo electrónico el miércoles, representantes del ICE no comentaron de momento sobre las afirmaciones de la ACLU.
La ACLU exhortó a las autoridades federales a reconsiderar su contrato con las instalaciones del condado Torrance, con base en una “revisión de mortalidad” por parte del cuerpo de servicios de salud del ICE sobre las circunstancias que derivaron en la muerte de Kelsey Vial durante el mes en que el migrante estuvo detenido. El documento describe los síntomas de Vial y el tratamiento que recibió para la depresión mientras aguardaba su deportación a Brasil, y concluye que el personal del centro de detención “no proporcionó atención a la salud del señor Vial dentro de los límites de seguridad de la práctica” médica.
Sam Schropp, miembro de la comisión del condado, indicó que los eventos descritos por la ACLU ocurrieron hace casi dos años y no reflejan las condiciones actuales en las instalaciones de las que él ha sido testigo durante sus visitas no anunciadas. Dijo que los diversos relatos de desesperación entre los migrantes relacionados con los alimentos, el agua y el acceso a la atención médica dentro de las instalaciones eran “habladurías”.
“Los relatos que ustedes atribuyen al gobierno federal no serán modificados con el cierre del (Centro de Detención del Condado Torrance). Esos detenidos serán trasladados a otras instalaciones y no habrá nadie como yo que acuda a ellas”, declaró Schropp.
Mike Zamore, de la ACLU, le solicitó a un alto funcionario del ICE que efectúe una nueva revisión del centro de detención antes de extender el contrato más allá de mayo.
“Mientras esta revisión continúa, el ICE debería permitir que expire el contrato para Torrance”, escribió Zamore, director nacional de políticas y asuntos gubernamentales para la ACLU. “Desde una perspectiva de buen gobierno, no tiene sentido renovar un contrato para operaciones que en repetidas ocasiones han resultado en condiciones peligrosas e infracción crónica de los estándares federales”.
En el centro de detención en la localidad de Estancia caben al menos 505 hombres adultos en todo momento, aunque las poblaciones reales fluctúan.
Janice Barela, administradora del condado Torrance, dijo que las autoridades federales propusieron los términos de la extensión de cuatro meses al acuerdo de servicios para la detención de inmigrantes. Por separado, el gobierno del condado contrata espacio de cárcel no relacionado con la inmigración en el centro de detención, que es el mayor contribuyente de impuestos sobre la propiedad en el condado.
