Nuevo Laredo, Tam.— Un padre de familia que, junto a su esposa e hija, quien celebraba su cumpleaños, fue víctima de secuestro, intento de extorsión, robo y amenazas de muerte por elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional.
La mañana del pasado domingo, José Raúl Martínez Morales, de 38 años, fue interceptado por tres unidades militares cuando circulaba por la avenida Leandro Valle y la calle Venustiano Carranza, acompañado de su familia. El incidente, habría iniciado como una supuesta inspección vehicular, pero derivó en agresiones físicas, amenazas de muerte y la exigencia de un pago de 100 mil pesos para su liberación.
Los testimonios de José Raúl y de su esposa, América Patricia Guizar Guzmán señalan que los elementos militares portaban uniformes sin identificación visible y actuaban con el rostro cubierto. El hombre, fue golpeado en el rostro, obligado a subir a una camioneta oficial y retenido por más de seis horas, durante las cuales le fueron robados documentos personales, efectivo y su camioneta Mazda CX-3 modelo 2017. “Me decían que me iban a desaparecer si no les entregaba cien mil pesos”, relató.
Su esposa, América Patricia, también fue agredida físicamente frente a su hija de seis años. “Me aventaron a la banqueta sin decir nada. Mi hija solo gritaba, estaba en shock”, denunció. Ambas fueron abandonadas en vía pública mientras los militares se llevaban al padre y el vehículo familiar. Entre los objetos robados se reportan teléfonos, joyería y documentación oficial.
José Raúl fue liberado cerca de la 1 de la tarde, del mismo domingo, -25 de mayo- en una brecha cercana a las casetas del kilómetro 26, descalzo y desorientado; los militares lo golpearon y torturado psicológicamente exigiéndole un pago de 100 mil pesos, como no tenía dinero, lo dejaron en libertad, luego de amenazarlo de muerte, si decía algo. Los afectados interpondrán una denuncia ante las autoridades correspondientes, aunque tienen temor por represalias de los militares.
Nuevo Laredo ha sido señalado repetidamente por organismos internacionales y nacionales por abusos de autoridad cometidos por militares. La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha documentado desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en esta frontera. La militarización de la seguridad pública, advierten expertos, ha generado un entorno de impunidad ante violaciones de derechos humanos.
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