Nuevo Laredo, Tam.– El cambio de nomenclaturas en la ciudad, promovido por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, ha desatado controversia debido a las irregularidades en el proceso y la implicación de la familia de altos funcionarios.
A pesar de que la presidenta municipal afirmó que, al asumir el cargo, la ciudad no contaba con nomenclaturas, la realidad muestra que la modificación es un negocio redondo más que una necesidad urgente.
El proyecto, que ha costado más de 76 millones de pesos, fue otorgado a una “empresa” de Héctor de Anda, hermano del Secretario de Obras Públicas, Carlos de Anda.
El contrato millonario ha generado sospechas, ya que no solo parece innecesario, sino que también se ha beneficiado a un familiar cercano de un funcionario clave del gobierno local.
La obra consistió en la sustitución de las señales viales en diversos puntos de la ciudad, pero las nuevas nomenclaturas no cumplen con un propósito claro y parecen más una estrategia para justificar el gasto público.
La diferencia entre las viejas y nuevas señales es mínima, lo que ha generado críticas por parte de los ciudadanos que ven el proyecto como un despilfarro.
A lo largo de las calles de Nuevo Laredo, es común observar que se han colocado dos tipos de nomenclatura: una que cumple con las normas internacionales y otra, de color guinda, un capricho de la alcaldesa más que una necesidad para la ciudad.
Este doble gasto en señalización no solo es innecesario, sino que plantea dudas sobre la transparencia del proceso de adjudicación y la verdadera finalidad del proyecto.
Las declaraciones de la alcaldesa sobre la falta de nomenclaturas al tomar posesión no coinciden con la realidad, ya que las calles de la ciudad ya contaban con señalización adecuada.
De hecho, muchos vecinos han señalado que el cambio ha generado más confusión que beneficios, ya que las viejas placas aún siguen visibles en diversas zonas, mientras que las nuevas no parecen ofrecer ninguna ventaja significativa.
Este proyecto, que originalmente parecía ser una iniciativa para mejorar la infraestructura urbana, se ha convertido en un claro ejemplo de cómo el uso de fondos públicos puede estar ligado a intereses privados.
La relación entre la alcaldesa, el Secretario de Obras Públicas y su hermano Héctor de Anda levanta serias preocupaciones sobre la ética y transparencia de las decisiones gubernamentales en Nuevo Laredo.
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