CIUDAD DE MÉXICO.-El resultado de la “consulta” impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador que canceló la planta en Mexicali de mil 400 millones de dólares de la cervecera Constellation Brands es un gran revés a la confianza de los inversionistas y fue considerada como arbitraria por el sector empresarial.
En el ejercicio del sábado y el domingo -marcado por agresiones, acarreo, falta de controles y otras anomalías- participaron 36 mil 781 personas, de las cuales 76.1 por ciento votó contra el proyecto de la propietaria de Grupo Modelo, informó ayer la Secretaría de Gobernación.
Los opositores a la planta representan apenas el 2 por ciento de la población de Baja California.
Constellation, acusada de amenazar el suministro de agua, había aprobado todas las normas oficiales y ya habían invertido 900 millones de dólares en las instalaciones, por lo que la cancelación desató críticas en el mundo y en México.
El periódico The Wall Street Journal advirtió que López Obrador ha recurrido a cuestionadas consultas para cancelar obras, como la de Constellation, lo que envía una señal negativa a la inversión extranjera en momentos de crisis por el Covid-19 y luego de que el año pasado cayó casi 5 por ciento la llegada de capitales.
El Financial Times (FT) alertó que la “consulta” es un gran revés para la confianza empresarial en México y se produce cuando la pandemia de coronavirus amenaza a la inversión.
“Estamos a punto de ver lo inimaginable en términos de una crisis económica, legal e institucional”, dijo Juan Francisco Torres Landa, socio de Hogan Lovells, citado por el FT.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezado por el regio Carlos Salazar, expuso que el Gobierno se empeña en destruir la confianza de los inversionistas y que la “consulta” no tiene sustento jurídico.
“La decisión del Gobierno federal de negar los permisos subsecuentes de Conagua a la empresa Constellation Brands para continuar con la construcción de su planta cervecera en Mexicali es arbitraria, autoritaria y unilateral; violenta la legalidad y el Estado de Derecho”, dijo el CCE en comunicado.
La Subsecretaria Diana Álvarez señaló que la Conagua frenará los permisos para la planta y buscará las opciones para subsanar los daños a la empresa.
El Consejo Consultivo del Agua, asociación civil integrada por organizaciones sociales, académicas y económicas, también calificó de ilegal la decisión y rechazó la versión de que la planta pone en riesgo el líquido para Mexicali.