BRASILIA.- El Ministerio de Justicia de Brasil ordenó el martes a Google que cese lo que calificó como campaña propagandística contra una iniciativa de ley destinada a frenar la desinformación, o enfrentará multas de unos 200.000 dólares por hora.
La empresa retiró posteriormente un artículo que el ministerio había calificado de propagandístico, pero no quedó claro de momento si con ello Google cumplía plenamente la orden de la dependencia. El ministerio y Google no han respondido a solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.
La iniciativa de ley, objetada por grandes empresas tecnológicas —entre ellas Google_, establecería multas y plazos para eliminar la desinformación y la incitación al odio de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería, y obligaría a las empresas tecnológicas a presentar informes sobre transparencia.
El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirma que es esencial regular el discurso en línea tras la reciente oleada de ataques mortales contra escuelas que, según las autoridades, estuvieron motivados por la incitación al odio y los foros de las redes sociales. El proyecto de ley se envió a la Cámara de Diputados el viernes y podría votarse esta semana.
El domingo, Google publicó un mensaje en su página de inicio en el que argumentaba que el proyecto de ley “podría aumentar la confusión sobre lo que es verdadero o falso en Brasil” y que debería mejorarse. El mensaje redirigía a un artículo redactado por el departamento de políticas públicas del buscador en el que se enumeraban los argumentos en contra del proyecto de ley.
El Ministerio de Justicia de Brasil acusó a Google de promover una posición editorial encubierta y ordenó a la empresa que promoviera contenidos contrarios a su postura. La agencia también determinó que Google debe indicar claramente que su posición es propaganda y debe ser transparente sobre cualquier interferencia en su motor de búsqueda a enlaces relacionados con el proyecto de ley.
La dependencia dijo que la compañía sería multada con 1 millón de reales por hora, o aproximadamente 200.000 dólares, si incumplía la orden. El mensaje de Google en su página principal y el artículo fueron retirados el martes tras la publicación de la orden.
El juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes también ordenó a los directivos de Google, Meta, Spotify y Brasil Paralelo —una plataforma de noticias y entretenimiento de extrema derecha— que rindan testimonio ante la policía sobre por qué autorizaron lo que podría equivaler a difundir desinformación sobre el proyecto de ley y abusar de su poder económico.
De Moraes citó un reporte del Laboratorio de Estudios de Internet y Medios Sociales de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), en el que se argumentaba que estas empresas publicitaron y publicaron anuncios contra el proyecto de ley “de forma opaca y saltándose sus propias condiciones de uso”.
Google afirmó en un comunicado que estaba comprometida a comunicar sus preocupaciones sobre el proyecto de ley “de forma pública y transparente” y negó haber alterado manualmente los resultados de las búsquedas para favorecer su postura.
Los legisladores brasileños habían aprobado la semana pasada una petición para acelerar el proceso de aprobación del proyecto en la cámara baja. Analistas y grandes empresas tecnológicas criticaron la medida y argumentaron que era necesario seguir debatiéndola.
El proyecto de ley se remonta a 2020, cuando fue aprobado por el Senado bajo el predecesor de Lula, el líder de extrema derecha Jair Bolsonaro, pero desde entonces ha sufrido modificaciones sustanciales y se ha vuelto mucho más amplio. Si la Cámara de Diputados lo aprueba, el proyecto volverá al Senado para una votación final.
La semana pasada, Telegram fue suspendida por un juez después de que la aplicación de mensajería se negara a enviar información sobre perfiles que difundían discursos nazis. Pocos días después, otra decisión anuló la suspensión.
