E.U.- La Suprema Corte de Estados Unidos dijo este miércoles que el Gobierno de Donald Trump puede continuar con su programa conocido como “Permanecer en México”, el cual obliga a los solicitantes de asilo a esperar su proceso en territorio mexicano.
En tribunales inferiores aún hay conflictos legales dirimiéndose, pues el Gobierno advirtió que decenas de miles de migrantes en la frontera sur podrían abrumar al sistema de inmigración.
La Corte revirtió una decisión del Panel de Apelaciones del Noveno circuito que había ordenado que se suspendiera esta política el jueves en algunas partes de la frontera sur.
La Administración Trump había advertido a los jueces que la situación podría ser grave sin su intervención.
“Un número considerable de hasta 25 mil extranjeros retornados que están esperando los procedimientos en México se apresurarán de inmediato a ingresar a los Estados Unidos”, escribió el Procurador General Noel Francisco.
“Un aumento de esa magnitud impondría cargas extraordinarias en los Estados Unidos y dañaría nuestras relaciones diplomáticas con el Gobierno de México”.
El programa, conocido oficialmente como Protocolos de Protección al Migrante, o MPP, es una de las herramientas que el Gobierno federal ha utilizado para frenar la migración masiva desde Centroamérica de la frontera sur.
En los 13 meses que ha estado vigente el programa, el Gobierno afirma que 60 mil migrantes han sido enviados de regreso a México para esperar sus audiencias de solicitudes de asilo en Estados Unidos.
La administración implementó el programa el año pasado, después de que más de 470 mil migrantes, incluidos padres e hijos, ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos, y que fueron liberados rápidamente por una acumulación masiva de la corte de inmigración.
Un panel de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito emitió el mes pasado una orden judicial contra el programa en la frontera de California y Arizona, estados dentro de la autoridad de la Corte.
Los jueces de ese Tribunal consideraron que la política probablemente violó la ley federal de inmigración al expulsar a los solicitantes de asilo indocumentados a quienes se les debería permitir solicitar protección en los Estados Unidos.
El fallo de 57 páginas citó a los solicitantes de asilo que temían el secuestro, las amenazas y la violencia en México.
