CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal aplazó para el próximo 8 de noviembre a las 9:00 horas la audiencia en que la Fiscalía General de la República (FGR) formulará imputación contra Ricardo Anaya por supuestamente recibir un soborno de Emilio Lozoya por 6.8 millones de pesos para la aprobación de la reforma energética.
Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, pospuso la diligencia por pedido de la defensa, porque apenas el pasado viernes recibieron mil fojas de la carpeta de investigación que no era de su conocimiento.
Anaya compareció por videoconferencia ante el juez, pero no lo hizo desde el mismo lugar del que se conectaron sus abogados, razón por la que esta vez el juez Fuerte le pidió a la defensa que para la próxima diligencia deberá estar físicamente al lado del imputado.
Esta es la segunda vez que se pospone la audiencia inicial del panista, ya que el pasado 26 de agosto compareció por vez primera pero la comparecencia fue diferida porque hasta ese momento no había tenido acceso a la carpeta de investigación.
La audiencia de este lunes estaba programada para la 9:00 de la mañana pero inició poco después de las 10:00 horas. De inmediato, el juez de control acordó un receso para verificar si, como afirma su defensa, apenas el pasado viernes la FGR le proporcionó más de mil hojas de la investigación que no eran de su conocimiento.
Cuando el pasado 26 de agosto el juez Gustavo Aquiles Villaseñor difirió por vez primera la comparecencia, le especificó a Anaya que para este lunes obligatoriamente debía estar físicamente en la Ciudad de México “o sus alrededores”, motivo por el que el panista debía regresar al País.
Según el Instituto Nacional de Migración, desde el 5 de julio pasado el ex candidato presidencial viajó de Reynosa, Tamaulipas a Texas, en un vuelo privado.
Según fuentes del Poder Judicial de la Federación, Anaya se conectó por videoconferencia a la audiencia, aunque no especificaron si viajó al centro del País para comparecer por vía remota ante el juez.
La FGR lo pretende imputar por los delito de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, ninguno de ellos con prisión preventiva oficiosa; sin embargo, la autoridad federal tiene la posibilidad de pedir la prisión preventiva justificada, en caso de que considere que puede darse a la fuga.
