LOS ÁNGELES.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos amenazó a California con posibles acciones jurídicas porque, según alega, presuntamente se enviaron boletas de voto por correo a no ciudadanos para las elecciones legislativas de mitad de mandato del próximo mes.
En una carta enviada el martes a la secretaria de Estado de California, Shirley Weber, por Trent McCotter, subsecretario de Justicia interino, se indica que el Departamento de Justicia les proporcionó a funcionarios del condado de Los Ángeles una memoria USB protegida con contraseña con una lista de nombres que, según el gobierno federal, probablemente corresponden a extranjeros a los que se les enviaron boletas para participar en las elecciones del 3 de noviembre.
California envía boletas por correo a todos los votantes registrados.
En la carta, obtenida por The Associated Press, se le dan al estado 48 horas para determinar si en la lista figura algún ciudadano. En el caso de las personas cuya ciudadanía no pueda verificarse de manera independiente, el estado debe ordenar a los funcionarios electorales locales que separen sus boletas por correo hasta que pueda determinarse su estatus migratorio, y a no entregar una boleta a nadie que aún no la haya recibido. Se advierte que podrían emprenderse acciones jurídicas si el estado no cumple con el plazo de 48 horas para revisar la lista.
“Si para entonces no pueden implementar este proceso, dada la elección federal en curso, Estados Unidos no tendrá otra opción que solicitar medidas de emergencia”, se lee en la carta.
Se envió una misiva similar a la oficina del registrador del condado de Los Ángeles, que la fiscalía federal había investigado durante las elecciones primarias de junio del estado.
No está claro cuántos nombres señaló el Departamento de Justicia
El registrador del condado de Los Ángeles, Dean Logan, confirmó en un comunicado que su oficina recibió la carta y una memoria USB, junto con una “nota escrita a mano que proporcionaba una contraseña” para acceder a la lista de presuntos no ciudadanos en los padrones electorales.
Dijo que no consideraba la memoria USB un dispositivo seguro y que aún no ha accedido a ningún archivo. La carta, que Logan hizo pública, no especifica el número de personas señaladas por el gobierno federal.
Logan indicó que su oficina está trabajando con las oficinas de la secretaria de Estado y del fiscal general para decidir cómo proceder. La oficina de la secretaria de Estado de California no respondió a solicitudes de comentarios.
“Las leyes federales y estatales son claras sobre cómo se establece la elegibilidad de los votantes”, escribió Logan. “Y cualquier acción para retirar a un votante la elegibilidad debe basarse en información verificable, no en afirmaciones de coincidencias de datos no confirmados”.
El fiscal general de California, Rob Bonta, criticó duramente la carta en una conferencia de prensa no relacionada el miércoles, calificándola como otro ejemplo de que el presidente Donald Trump difunde “teorías de conspiración absolutamente falsas de que hay un fraude electoral generalizado, cuando no lo hay”.
Bonta no dijo cómo respondería la oficina de la secretaria de Estado al Departamento de Justicia, pero señaló claramente: “¿Vamos a participar en teorías de conspiración? No lo haremos”.
Búsqueda a nivel nacional de presuntos votantes no ciudadanos
Este año, el gobierno del presidente Donald Trump ha convertido en una prioridad la búsqueda de votantes extranjeros, aunque el problema es excepcionalmente raro. El Departamento de Justicia ha acusado a unas 90 personas por diversos tipos de irregularidades electorales en lo que va del año, entre ellas 50 a las que se acusa de haber votado como no ciudadanos. Durante las elecciones presidenciales de 2024 hubo más de 227 millones de votantes registrados en Estados Unidos.
En julio, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, envió cartas a California, Nevada, Nueva Jersey y Pensilvania, en las que alegaba que hasta 250.000 no ciudadanos estaban registrados en esos estados. Funcionarios electorales de esos estados, incluida Weber, la secretaria de Estado de California, se mostraron escépticos ante la afirmación.
“Tengo serias dudas sobre la confiabilidad de sus datos y la exactitud de sus afirmaciones, ya que mi oficina no ha compartido nuestra lista estatal de registro de votantes con el Departamento de Seguridad Nacional ni con ninguna otra agencia ni funcionario federal”, respondió Weber.
Ese mismo mes, el gobierno republicano indicó que Nevada tenía 1.500 votantes no ciudadanos en sus padrones electorales. Pero después de que el gobierno federal los identificó ante el estado, el número de no ciudadanos realmente registrados resultó ser cero.
Dentro de su proyecto para detectar a no ciudadanos en los padrones electorales, el Departamento de Justicia ha solicitado a los estados información detallada de los votantes, incluidas fechas de nacimiento, direcciones, números de licencia de conducir y números parciales del Seguro Social. Algunos estados gobernados por republicanos han entregado la información, que se ha cotejado con una base de datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la cual ha sido criticada por señalar erróneamente a ciudadanos estadounidenses.
El Departamento de Justicia ha demandado a 30 estados y al Distrito de Columbia por esa información, pero hasta ahora ha perdido esos casos en los tribunales. California es uno de los estados que demandaron con éxito, en parte al argumentar que entregar los datos violaría las leyes estatales de privacidad.
Funcionaria electoral califica el plazo de 48 horas como “irrazonable”
La secretaria del condado de Santa Cruz, Tricia Webber, presidenta de la Asociación de Secretarios y Funcionarios Electorales de California, dijo que no había visto las cartas, pero afirmó que el plazo de 48 horas para revisar a los votantes señalados por el gobierno federal era “completamente irrazonable”.
Dijo que cuando hay un reporte de un votante inelegible que aparece incorrectamente en los padrones, su oficina realiza la debida diligencia para investigar. Eso implica revisar el historial de registro del votante, identificar si esa persona había votado antes y, lo más importante, comunicarse con el votante, señaló.
“Se necesitarían más de 48 horas incluso para empezar a tener el panorama completo”, afirmó. También cuestionó la manera en que el gobierno federal elaboró una lista de presuntos votantes no ciudadanos, ya que no tiene acceso a la información detallada de votantes del estado.
Webber añadió que, en las décadas de carrera en las que ha trabajado para agencias electorales locales, nunca ha visto “nada que me haga creer que nuestros registros de votantes estén llenos de votantes fraudulentos”.
