Nuevo Laredo, Tam.— La golpiza que propinaron tres desconocidos a Yoseline Valdez le dejaron cicatrices en su rostro. Días antes, había llegado a su casa un grupo de militares encapuchados en cuatro camiones del Ejército para amedrentarla por haber presentado una denuncia contra ellos por presuntamente ejecutar extrajudicialmente en un operativo a su pareja Édgar Chavarría Rico.
Yoseline ofrece fotos, documentos y videos a La Jornada como pruebas de su dicho. Para entender lo que le ha sucedido se remonta al 18 de mayo del año pasado, cuando a las 14:30, los militares perseguían a su esposo por las calles de esta ciudad y a otros cuatro hombres que viajaban con él en una camioneta pick up negra: José Ángel Moreno Pool, Jorge Antonio Colector Pineda, José Isabel Rivera Vega y Clinton Alex Blucha Pérez.
Un video de un centro comercial en la colonia Los Encinos filtrado en aquel entonces a los medios de comunicación demostró que los cinco hombres fueron ejecutados extrajudicialmente por los militares. Las imágenes exhiben claramente a los militares alterando la escena del crimen simulando un enfrentamiento y colocando armas junto a los cadáveres.
En el video se ve cuando los hincan, los esposan, los ponen contra la pared, los ejecutan y luego les ponen armas, recuerda Yoseline al responsabilizar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de las recientes agresiones que ha sufrido por haberse atrevido a denunciar a los 16 militares presuntamente responsables, de los que únicamente fueron imputados siete y sólo dos siguen en la cárcel.
Es por eso que Yoseline, de 29 años, volvió el jueves 5 de abril a la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar los hechos, según consta en la carpeta FED/TAMP/NVO.LAR/0001098/2023 y responsabilizar al Ejército por lo que les pueda pasar a ella y a sus cuatro hijos.
Tengo temor de que me puedan causar algún daño hacia mi persona físicamente o a alguno de mis hijos, ya que presenté una denuncia contra los elementos militares por la muerte de mi pareja en los hechos que se dieron el 18 de mayo de 2023 en la colonia Los Encinos, de aquí de Nuevo Laredo, según el texto de la denuncia.
El allanamiento
El pasado jueves 28 de marzo, los cuatro vehículos del Ejército llegaron a su casa a las 11 de la noche con las luces apagadas: descendieron militares encapuchados apuntándonos directamente y alumbrándonos con las lámparas en la cara, metiéndose a mi casa argumentando que iban a realizar una revisión a mi camioneta GMC Terrain modelo 2012 con placas de Texas estacionada dentro de mi domicilio, narra Yoseline al recordar que se encontraba con sus dos hijas, su hermano y una amiga.
¿Cuál es el motivo de la revisión?, les preguntó Yoseline y añadió: yo estoy en medio de una demanda contra el Ejército en calidad de víctima.
Los militares se concretaron a decir que sólo hacían su trabajo, pero nunca mostraron una orden de cateo o algún documento que acreditara la legalidad de ese allanamiento a su casa.
Se quedaron contestándome de forma agresiva durante 20 o 25 minutos. Tomaron fotos de a la camioneta, a mí también, por lo que discretamente saqué mi celular y tomé estas fotos que estoy presentando, en donde se puede observar uno de los vehículos que dice en la puerta: Ejército Mexicano, número 0916609.
Tres días después, tres personas ingresaron a su casa nuevamente en la noche y la empezaron a golpear: Yo estaba en el piso intentando cubrirme, pero ya tenía la cara llena de sangre y pude ver que me tomaban video.
Impunidad castrense
El caso de las ejecuciones extrajudiciales cometidas presuntamente por 16 militares de fuerzas especiales en Nuevo Laredo, en mayo del año pasado, está cubierta de impunidad, según afirma Raymundo Ramos Vázquez, director del Comité de Derechos Humanos de Tamaulipas.
En junio del año pasado, luego de difundirse el video que confirmaba la participación de los militares en estas ejecuciones, las autoridades mexicanas detuvieron a 16 miembros de las fuerzas armadas con órdenes de aprehensión otorgadas por el juzgado primero de control de la primera Región Militar e ingresados a una prisión castrense.
Siete meses después ya habían sido liberados 13 por el fuero militar y sólo quedaron recluidos tres, aunque después también fueron liberados, entre ellos un teniente coronel responsable del operativo. Explica: como se trata de fuerzas especiales del Ejército, los involucrados en estos homicidios, mágicamente en una audiencia de vinculación no se presentó un superior a ratificar los cargos y liberaron en el orden militar a los 16 detenidos.
Después, un juzgado de Reynosa procesó en el fuero civil por homicidio calificado a siete militares: José Luis Nava Martínez, Armando Alexi Lubiano Marcos, Benito Juárez Gómez, Ángel Mario Herrera Aguilar, Filiberto Chávez Mar, Carlos Torres Arias y Julián Quiñones Martínez, de los cuales fueron liberados cinco y sólo dos permanecen en prisión.
Ramos Vázquez denuncia la impunidad que sigue cubriendo a militares acusados de graves delitos y, en este caso, la complicidad de jueces del Centro de Justicia Penal Federal de Tamaulipas con residencia en Reynosa, como Marcos Guadalupe Sáenz Torres y Ricardo Ignacio Rivera Pacheco.
Los familiares de las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales se manifestaron afuera de los juzgados: Es que en el fuero civil sucede la misma impunidad. Imputaron a la mitad de los militares responsables, pero uno de esos jueces de control beneficia a los responsables con la medida cautelar de presentarse a firmar periódicamente a cinco de los militares procesados y deja detenidos solamente a dos. Es decir, en estos crímenes participaron 30 militares, solamente encuentran responsabilidad en 16, pero el fuero militar los liberó a todos y en el fuero civil imputan a siete, y de esos solamente vinculan a proceso a dos. Todo esto frente a la pasividad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La intimidación
A pesar de que los abogados de las víctimas advirtieron al juez federal que dejar en libertad a la mayoría de los militares implicados en las ejecuciones extrajudiciales significaba un grave peligro para las familias de los fallecidos, el juzgador hizo caso omiso.
Aquí la complicidad es del Estado mexicano, porque están implicadas en esta impunidad dos instituciones: la Sedena y la FGR. Esto que pasó con Yoseline confirma la advertencia más grave que le hicimos saber al juez de control y que no nos hizo caso porque en México la justicia no se aplica por igual a los civiles que a los integrantes de las fuerzas armadas. La justicia no es pareja, dice Ramos Vázquez.
Añade: La finalidad es mandar un mensaje a las familias de lo que les puede pasar si continúan con el juicio, que se encuentra en su etapa intermedia. Es un mensaje de muerte y un mensaje para los abogados, los defensores de derechos humanos y los periodistas, de que el poder militar está por encima de las instituciones de justicia.
Advirtió que este allanamiento de la casa de Yoseline, como víctima indirecta de una ejecución extrajudicial, les da elementos para acudir no solamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también al relator de Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU: En México no hay justicia pareja. Este gobierno salió más militarista que todos.
Para el defensor de derechos humanos, es evidente el vínculo que existe en el allanamiento de los militares a la casa de Yoseline con la posterior golpiza que sufrió: “Es muy probable que estas represalias vengan de los militares, pero con actores diferentes. Todos pertenecen a la SEDENA, pero probablemente los que están cometiendo este acoso y amenazas pertenecen al 16 Regimiento de Caballería con sede en Nuevo Laredo”.
Exigió la reubicación de ese regimiento por ser uno de los que han cometido más delitos: “Llevan más de 50 ejecuciones extrajudiciales en una década. Es uno de los regimientos más sanguinarios e impunes. Si no atienden nuestra petición, este regimiento se va a convertir en los futuros Zetas de México”.
