CIUDAD DE MÉXICO.- Especialistas consideraron que la reforma al sector eléctrico es, en los hechos, una expropiación de facto, además de que el daño sería incalculable.
“Dicen que no es una expropiación, en la literalidad puede que no se entienda así, pero es una expropiación de facto porque si se cancelan los permisos de generación, dónde quedó el Estado de Derecho, dónde quedaron mis derechos adquiridos, mi permiso se otorgó conforme a la ley”, afirmó Oscar Moreno Silva, de la Asociación Nacional de Abogados Empresa.
“Resulta verdaderamente incomprensible que la CFE va a tener un poder constitucional para controlar el sistema eléctrico nacional, y para ello, al entrar la reforma, CFE es la única que va poder adquirir y abastecer energía eléctrica, convirtiendo esto en un monopolio”.
En el foro cinco del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica, en la Cámara de Diputados, el experto consideró que ningún sistema eléctrico es perfecto, por lo que si se considera que hay abusos o errores se pueden corregir en la legislación secundaria, no desapareciendo de un “plomazo” la inversión privada con autoritarismos.
El ex Rector de la UNAM, Francisco Barnés de Castro, se pronunció por rechazar en su totalidad la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por la regresión e impacto económico y social que representa.
“La reforma al marco constitucional propuesta por el Ejecutivo debe ser rechazada en todos sus términos, por el grave daño que causaría al sector eléctrico, a la propia CFE, a la confianza de los inversionistas, a las finanzas públicas y a la economía nacional”, dijo.
El ahora socio director de CIFRA2 Consultores enumeró 10 razones para no aprobar la reforma eléctrica presidencial.
Por ejemplo, expuso, al cerrarse la participación privada, a más de 800 centrales eléctricas en operación o construcción se les impone un cambio radical en su modelo de negocios, lo cual es violatorio del marco legal mexicano y los acuerdos internacionales, por lo que habrá una lluvia de litigios que costarán millones de dólares al país.
Se cancela el derecho de los usuarios calificados de contratar y recibir energía de otras fuentes de suministro, contrario competitividad, por lo que resulta absurdo utilizar recursos públicos para generar energía a quienes pueden pagar por sí mismos.
“Cancela todos los permisos de generación y todos los contratos celebrados por la CFE, afectando a cientos de inversionistas que recurrirán a arbitrajes internacionales, dañando nuestra reputación, todo el esfuerzo de este gobierno y otros por grandes inversiones se está tirando por la borda”, agregó Barnés de Castro.
La Comisión, insistió, no tiene la capacidad para generar toda la energía que se consume, por lo que habrá apagones generalizados, además de que habrá un sobrecosto de 3 mil millones de dólares por año que necesariamente tendrán que pagar los mexicanos.
En el foro participaron seis ponentes, tres a favor y tres en contra de la reforma impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los que se pronunciaron a favor argumentaron que no se está retirando al 100 por ciento la participación privada, solo se le pone orden y se evita el saqueo.
