CIUDAD DE GUATEMALA.- El reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora, condenado el miércoles a seis años de prisión por lavado de dinero, enfrenta una nueva investigación de la Fiscalía de Guatemala. Una día después de la sentencia, el Ministerio Público pidió que el comunicador fuera ligado a un nuevo expediente en su contra por supuestamente haber firmado de forma errónea boletas migratorias de entrada y salida del país, en su tercera acusación contra el comunicador.
También se requirió al juez que mantuviera en prisión al comunicador por este nuevo caso.
Zamora es uno de los periodistas más reconocidos a nivel nacional e internacional. Su medio de comunicación El Periódico, del que es director y fundador, tuvo que cerrar sus puertas el 15 de mayo luego de años de hostigamientos, amenazas y presiones políticas y financieras.
La Fiscalía ya había pedido 40 años de cárcel en el proceso penal por el que finalmente fue condenado el miércoles a seis años de cárcel, al desestimarse los cargos por chantaje y tráfico de influencias.
En la nueva investigación, como en las dos acusaciones preexistentes contra Zamora, está a cargo la fiscal Cinthia Monterroso. La funcionaria solicitó al Instituto Guatemalteco de Migración las boletas de ingreso y egreso al país firmadas por Zamora del 2016, con el visto bueno en abril del juez Jimi Bremer. Posteriormente, el pasado 5 de junio, el magistrado volvió a autorizar otro requerimiento de información similar para ampliar la indagación a los años 2017, 2018 y 2019.
Con sus solicitudes, la Fiscalía busca establecer que Zamora cometió una falsificación de documentos al firmar supuestamente de forma distinta a su rúbrica original las boletas en mención.
Su hijo, José Zamora, dijo a The Associated Press que la nueva acusación contra su padre es un absurdo y recordó que el gobierno guatemalteco lo criminaliza por sus constantes denuncias de corrupción contra los gobiernos de turno, especialmente contra el gobierno de Alejandro Giammattei.
El juez Bremer que decidió vincular a Zamora al nuevo proceso es también el que ordenó investigar a nueve periodistas y columnistas de El Periódico, incluido el director, por sus publicaciones bajo un proceso por el presunto delito de obstrucción de la justicia. Este es el segundo caso que tenía en su contra Zamora.
Aunque Zamora ya está en prisión por el caso de lavado de activos, la petición de la Fiscalía de ordenar cárcel por el nuevo proceso de las boletas migratorias tiene por objetivo garantizar que permanezca encarcelado en caso de que haya cambios en las dos acusaciones precedentes.
Zamora recibió el jueves una condena a seis años de cárcel por haber lavado 300.000 quetzales en efectivo, que entregó a un amigo suyo para que los bancarizara. Su amigo Ronald Navarijo tomó el dinero y lo denunció a la fiscalía. Los recursos, ha dicho Zamora, eran una donación que había recibido para hacer pagos del medio. Dijo que no lo bancarizó él mismo por temor a que se conociera el nombre del donante, pues éste no quería problemas con el gobierno.
Zamora ha dicho que el dinero fue producto de la venta de una pintura de reconocido pintor guatemalteco, cuyo monto resultante fue donado para que solventara los problemas económicos del diario. El tribunal se rehusó a aceptar la pintura o testimonios como pruebas de descargo.
El jueves más organizaciones condenaban la criminalización y sentencia contra el periodista.
La segunda acusación llegó en medio de la primera y aún está en investigación. A Zamora se le acusa junto a otros ocho periodistas y columnistas de El Periódico por publicaciones en las que exponían fallas judiciales o fiscales en el debido proceso en el caso por lavado de activos contra el periodista.
La fiscalía dijo que las publicaciones tenían como fin descalificar el trabajo de jueces y fiscales. Las publicaciones incluyeron a la fiscal Monterroso por haber sido denunciada por abuso de autoridad, por presuntamente usar su cargo para investigar al esposo infiel de una amiga suya.
La constitución en Guatemala dice que “no constituye delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”. La Fiscalía usa la Ley de Crimen Organizado, una ley de menor jerarquía, para imputar a los periodistas.
