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Suspende juez programa energético de AMLO

Se trata de un amparo promovido por la organización ambientalista Greenpeace, que cuestiona la constitucionalidad de ciertos aspectos del PSE

Juez federal suspendió parcialmente el Programa Sectorial de Energía 2020-2024, aprobado por decreto por AMLO y publicado el 8 de julio. [AP]
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal suspendió hoy parcialmente el Programa Sectorial de Energía (PSE) 2020-2024, aprobado por decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador y publicado el 8 de julio.

Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Segundo de Distrito Especializado en Competencia Económica, concedió hoy una suspensión provisional en el amparo promovido por la organización ambientalista Greenpeace, que cuestiona la constitucionalidad de ciertos aspectos del PSE.

La orden judicial suspende los efectos y consecuencias de diversos objetivos prioritarios y acciones puntuales del PSE “en todo aquello que se oponga al fomento al empleo de energías renovables y disminución de contaminantes del sector energético”.

Se trata de tres objetivos y 19 acciones -algunas de ellas con varias subacciones- que la Secretaría de Energía (Sener), como encargada de coordinar y ejecutar el PSE, deberá abstenerse de cumplir.

“Es importante precisar que todas las autoridades del sector energético a las que resulte aplicable dicho programa, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a cumplir con la suspensión provisional, aún en el supuesto de que no hubieren sido llamadas como responsables, por lo que deberán abstenerse de seguir los lineamientos que conforme al PSE deben regir como instrumento de planeación en el sector energético”, agrega la orden.

Los objetivos prioritarios del PSE sujetos a la suspensión son:

Alcanzar y mantener la autosuficiencia energética sostenible para satisfacer la demanda energética de la población con producción nacional; fortalecer a las empresas productivas del Estado mexicano como garantes de la seguridad y soberanía energética, y palanca del desarrollo nacional, para detonar un efecto multiplicador en el sector privado; y fortalecer al sector energético nacional para que constituya la base que impulse el desarrollo del País como potencia capaz de satisfacer sus necesidades básicas con sus recursos, a través de las empresas productivas del Estado, las sociales y privadas.

En cuanto a las acciones puntuales suspendidas, destacan el uso “optimizado” de combustóleo para generar electricidad, revisar y corregir la autorización de permisos de generación contrarios a los objetivos de la política energética nacional, evaluar de manera integral el desempeño de los contratos establecidos en las subastas de largo plazo, y ajustar tarifas para que las empresas paguen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) los costos reales por el servicio de porteo.

Gómez Fierro resolverá el 17 de septiembre si concede una suspensión definitiva, que estaría vigente todo el tiempo que lleve tramitar el juicio para aclarar la constitucionalidad del PSE.

“A efecto de no generar un vacío normativo durante la vigencia de esta medida cautelar, las autoridades responsables deberán aplicar los programas, normas y disposiciones que se encontraban vigentes previamente al PSE. Lo anterior no implica que quede insubsistente el PSE, sino que únicamente sus efectos se postergarán en el tiempo, con lo que se conserva la materia del juicio de amparo”, aclaró el juez.

Entre mayo y junio, Gómez Fierro y su colega Rodrigo de la Peza ya habían suspendido la Política de Confiabilidad del Sector Eléctrico Nacional (SEN), publicada por Sener el 15 de mayo, así como un acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que impedía la conexión de nuevas centrales eólicas y fotovoltaicas al SEN.

De junio a agosto, los jueces también concedieron suspensiones contra una resolución de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que incrementó hasta en 775 por ciento las tarifas de transmisión que plantas privadas de energías renovables pagan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La Política de Confiabilidad del SEN también está congelada por orden de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia, como parte de controversias presentadas por la Comisión Federal de Competencia Económica y tres Gobiernos estatales.

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