CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La fiscal general de Sinaloa presentó el viernes su renuncia después de que la víspera la fiscalía federal enumerara graves errores, omisiones e inconsistencias de su departamento en la investigación del asesinato de un político local que presuntamente estuvo en el lugar donde el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada dijo que fue secuestrado antes de ser llevado a Estados Unidos en un avión privado; en ese país fue detenido junto a Joaquín Guzmán López, otro líder del Cártel de Sinaloa.
El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha —del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador—, informó de la salida de la fiscal Sara Bruna Quiñónez a través de su cuenta oficial de X; dijo que su renuncia estuvo motivada por las observaciones de la fiscalía federal sobre el homicidio de Hector Melesio Cuén, el parlamentario, exalcalde de la capital de Sinaloa y exrector asesinado el pasado 25 de julio, el mismo día que Zambada y Guzmán López volaron a Texas.
La fiscalía federal determinó que no se hizo una necropsia adecuada a Cuén, ni se procesó bien el lugar de los hechos, que hay inconsistencias en un video que hizo público el departamento de Quiñónez —donde se escucha un solo disparo cuando Cuén recibió cuatro— y, además, que el cadáver fue incinerado, algo totalmente contrario “a las prácticas criminalísticas sobre investigación de homicidios”.
La renuncia de la fiscal es la primera consecuencia política en México de un entramado que acabó enfrentando a “El Mayo” — el capo mexicano más astuto e influyente— y a Guzmán López — hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán— a las cortes estadounidenses acusados de varios delitos vinculados con el narcotráfico.
El enigmático vuelo privado en el que llegaron a Texas ha tensado las siempre complejas relaciones de seguridad entre México y Estados Unidos.
La carta en la que Zambada denuncia que fue secuestrado por Guzmán López tras ser convocado a una reunión con el fallecido Cuén y con el gobernador de Sinaloa, ha agitado la vida política mexicana por los posibles vínculos del capo con las autoridades mexicanas.
Zambada también afirmó que entre su personal de seguridad que le acompañó a la cita estaba un comandante de la policía judicial sinaloense.
El gobernador Rocha negó cualquier complicidad con el crimen y recordó que el día de los arrestos él estaba fuera del estado. El presidente López Obrador, que desde el inicio de su gobierno en 2018 lleva una política se seguridad de no enfrentarse a los cárteles con el lema “Abrazos, no balazos”, le mostró su apoyo.
En su carta, Zambada decía que la versión de la fiscalía local sobre el asesinato de Cuén, a quien calificó de un amigo de mucho tiempo, era falsa, porque aunque las autoridades habían dicho que se trató de un robo en una gasolinera, al político le mataron —según “El Mayo”— en el mismo centro de convenciones donde a Zambada le tendieron la trampa para secuestrarle y llevarle a Texas.
Según el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, ese día Guzmán López se entregó a las autoridades estadounidenses y entregó a Zambada, en una operación en la que, dijo, el gobierno de Estados Unidos no participó.
El presidente mexicano ha dejado ver su molestia por no haber sido informado apropiadamente de todo lo sucedido. En lugar de felicitaciones por los arrestos, la fiscalía federal ya abrió una investigación para acusar a quien resulte responsable de traición, delito que se atribuye a quien prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional, para entregarla a las autoridades de otro país.
Por este motivo, en un comunicado la fiscalía federal pidió a través de Interpol todos los datos vinculados con “un vuelo ilegal; con un avión de matrícula clonada; y con una conducta absolutamente irregular de quien piloteó ese avión y que ocultó toda la información de su vuelo en territorio mexicano, hasta que llegó a la frontera, donde ya dio solo el aviso de su aproximación y aterrizaje en territorio de los Estados Unidos, en donde ya lo estaban esperando”, según indicó en un comunicado.
