WASHINGTON.- El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el lunes un recurso ante la Corte Suprema federal para tratar de dejar de lado miles de boletas por correo en California el día previo a las elecciones de mitad de mandato.
La apelación de emergencia se produjo después de que un tribunal de apelaciones rechazara la solicitud de apartar unas 20.000 boletas de personas que el gobierno federal sospecha que no son ciudadanos estadounidenses. También se produjo apenas horas antes de que otro juez federal fallara en contra de los intentos del gobierno federal de hacer cambios de último minuto en las elecciones de California.
El gobierno federal sostiene que esas boletas no deberían contarse hasta que pueda verificarse la ciudadanía de los votantes. Funcionarios de California afirman que la lista entregada por el gobierno no es fiable y probablemente incluye a muchas personas que son ciudadanas estadounidenses.
El gobierno de Trump se ha enfocado este año en tratar de identificar a personas que votaron sin ser ciudadanos estadounidenses, pese a que los casos son poco frecuentes.
Un juez de un tribunal de distrito denegó de manera contundente la solicitud del Departamento de Justicia y advirtió que la exigencia podría privar del derecho al voto a ciudadanos en las elecciones de mitad de mandato del martes, en las que se definirá el control del Congreso.
También el lunes en Washington, el juez presidente James Boasberg ordenó al gobierno de Trump que dejara de hacer dichas exigencias, tras determinar que violaban la Constitución de Estados Unidos.
“El poder ejecutivo probablemente ha violado la Cláusula Electoral de la Constitución, que confiere la autoridad sobre las reglas electorales únicamente a los estados y al Congreso”, escribió Boasberg.
El gobierno federal ha sufrido una racha de derrotas en los tribunales con este caso, así como críticas por esperar hasta unas semanas antes de las elecciones para presentar sus exigencias a los funcionarios electorales de California con una lista que incluso el Departamento de Justicia admite que no es del todo fiable.
Durante una audiencia sobre si levantar su propia orden que prohíbe al gobierno de Trump amenazar con procesar a trabajadores electorales que permitan que votantes potencialmente ilegales emitan su voto, la jueza de distrito Trina Thompson profundizó en informes de inexactitudes generalizadas en los datos del Departamento de Justicia.
“¿Estaría de acuerdo en que hay una alta tasa de error?”, preguntó Thompson a Kenneth Kao, un abogado del Departamento de Justicia.
“Es una afirmación acertada”, dijo Kao. “Por eso pedimos la ayuda de los registradores para verificar que todos estos son votantes válidos”.
Al mismo tiempo, Bill Essayli, el fiscal federal que dirige la oficina del Departamento de Justicia en Los Ángeles, dijo en una conferencia de prensa que tenía mucha certeza en que las personas en la lista no tenían derecho a votar.
“Esto no es especulación. Esto no es una teoría”, afirmó Essayli, aunque más tarde reconoció que podría haber errores en la lista.
El Departamento de Justicia pidió al máximo tribunal una “medida cautelar limitada” que ordene a California apartar las boletas mientras se dirime el caso.
“Una vez que California mezcla las boletas impugnadas con las legales, no hay manera de recuperar las boletas impugnadas”, escribió el procurador general D. John Sauer.
La votación está en marcha en California desde comienzos de octubre. Los aproximadamente 23 millones de votantes registrados del estado reciben una boleta por correo. Cientos de miles de boletas ya han sido procesadas. Funcionarios electorales de California han dicho que encontrar y apartar ahora las boletas impugnadas sería logísticamente imposible.
El fiscal general de California Rob Bonta, un demócrata, declaró que la apelación “es pura desesperación y no es más que otro intento de atentar contras elecciones y pisotear el Estado de derecho”.
Los tribunales inferiores han fallado a favor de California, y un juez de distrito advirtió que separar las boletas “causaría estragos” en las elecciones de mitad de mandato y erosionaría la confianza en el proceso democrático.
“Si el poder ejecutivo puede desestimar votos y amenazar una elección en curso debido a acusaciones no probadas, entonces nuestra democracia está en peligro”, escribió el juez federal de distrito David O. Carter, quien fue nominado por el presidente demócrata Bill Clinton.
Un panel de un tribunal de apelaciones, por 2-1, confirmó su orden, y un juez nombrado por Trump y otro nombrado por el demócrata Joe Biden votaron a favor. El tercer juez, también nombrado por Trump, sostuvo en un disenso que la negativa de California a separar las boletas alienta la “violación de la ley federal”.
El Departamento de Justicia ha intentado acelerar el caso, al pedir sin éxito a un tribunal de apelaciones que interviniera de manera anticipada.
El gobierno de Trump ha acumulado una serie de victorias en apelaciones de emergencia ante la Corte Suprema en su segundo mandato, pero los jueces ya habían rechazado previamente el intento del presidente de restringir las boletas por correo antes de las elecciones de mitad de mandato.
