Nuevo Laredo, Tam.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional por la muerte arbitraria de Javier Flores del Ángel y lesiones con arma de fuego a sus tres acompañantes, en hechos ocurridos en esta frontera el pasado 7 de febrero de 2021.
Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo señaló que en relación a la recomendación 71VG/2022 se estableció que la víctima y sus amigos no agredieron a los militares y que se había asegurado un arma de fuego, como la SEDENA informó en un comunicado.
“Todo esto fue falso. Lo pudimos demostrar durante un juicio que se le siguió a los muchachos detenidos sobrevivientes y ahora con la recomendación que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, señaló Ramos Vázquez.
El defensor de Derechos Humanos enfatizó que “con esta recomendación de responsabilidad por violaciones graves de los derechos humanos a personal militar comisionado a Nuevo Laredo, se evidencia que en esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, si se rematan heridos, si se cometen masacres y si se cometen violaciones graves a los derechos humanos”.
Por el asesinato de Javier Flores hay dos militares –desertores- prófugos de la justicia, José María Ortiz Múzquiz y Ranulfo Citalan Martínez
“Estos dos ex militares ya no van a poder seguir abusando de su autoridad con el uniforme y con las armas. Ahora son delincuentes como cualquier otro delincuente que huye para no enfrentar su responsabilidad. Le hemos pedido a la Fiscalía General de la República que busque por todo el país, que los localice y que los detenga para que este crimen no quede impune y para que sean llevados ante un juez, ante un juez federal y enfrenten todo el peso de la ley” destacó el activista.
Por su parte, Angélica María, la viuda del joven víctima de los militares, señaló que “con esto su nombre queda limpio y se demuestra que el hecho de que él fue inocente y que solamente fue una víctima de Sedena”.
Exigió que “esos dos militares homicidas, pues están prófugos, para pedir que se castigue con todo el peso de la ley a José María Ortiz Múzquiz y Ranulfo Citalan Martínez. Pero se ha demostrado ya, gracias a Dios y a todo el trabajo de derechos humanos, que mi esposo fue inocente y que solamente fue una víctima de SEDENA”.
De acuerdo con el expediente de queja investigado por la CNDH en razón de competencia, aproximadamente a las 23:40 horas del 7 de febrero de 2021, cuatro personas viajaban en un vehículo particular en Colinas del Sur, Nuevo Laredo, cuando se les acercó una camioneta de la SEDENA cuyo personal, sin mediar comandos de voz o luces, les cerró el paso y los elementos militares accionaron sus armas de fuego en contra de los ocupantes. Derivado de lo anterior, se detuvo a tres personas, dos de las cuales sufrieron lesiones y una más perdió la vida.
Las evidencias recabadas por la CNDH permitieron acreditar violaciones graves a los derechos humanos a la seguridad jurídica e integridad personal, y al derecho a la vida, por uso ilegítimo de la fuerza y de armas de fuego, así como la vulneración a los derechos de seguridad jurídica y a la libertad, por detención arbitraria.
En un inicio, los efectivos militares declararon que mientras efectuaban un recorrido, observaron que el vehículo en cuestión aceleró intempestivamente por lo que le marcaron el alto y, acto seguido, retrocedió con la intención de atropellar a dos soldados, mientras que sus ocupantes les dispararon con un arma larga, por lo que repelieron la agresión. Sin embargo, pruebas periciales efectuadas a las víctimas arrojaron que nunca realizaron disparos y la supuesta arma hallada en su poder nunca fue accionada por ellas.
La Comisión Nacional determinó que el uso de la fuerza aplicado por los integrantes de la SEDENA no fue gradual ni estuvo dirigido a un fin legítimo, porque no se advirtió que hayan intentado realizar maniobras menos letales en contra de las víctimas y que el uso de las vulnerabilidad, ya que se afectó su entorno familiar y se pueden presumir limitaciones e impedimentos para el ejercicio pleno de los derechos de las infancias a la educación, a la salud, a la familia y a un nivel adecuado de vida, respecto de la nutrición, vestuario y vivienda.
Por lo ocurrido, se solicita al secretario de la Defensa Nacional reparar, de manera inmediata, el daño causado a las tres víctimas directas y dos más indirectas, incluyendo para tal fin una compensación justa y tomar en cuenta la gravedad de los hechos. Otorgarles la medida de rehabilitación, a través de atención médica y psicológica, además de proveerles de medicamentos y materiales gratuitos convenientes a sus padecimientos.
