WASHINGTON.— La Casa Blanca propuso el miércoles una nueva norma federal para limitar el modo en que las autoridades locales recopilan los expedientes médicos cuando investigan a mujeres que acuden a otros estados para poder abortar.
La propuesta, impulsada por una serie de golpes al acceso al aborto en todo Estados Unidos, sigue al fallo de un juez federal el viernes pasado que amenazó con retirar del mercado la píldora abortiva más utilizada, la mifepristona.
La norma propuesta por la Casa Blanca prohibiría a las organizaciones de salud compartir historiales médicos personales con las autoridades para investigaciones relacionadas con el cuidado reproductivo en los estados donde una mujer haya podido practicarse un aborto legalmente. Aunque los antecedentes médicos están protegidos por las leyes federales de privacidad, los proveedores de salud y las aseguradoras pueden verse obligados a entregar los registros médicos con una orden judicial.
Los médicos de todo el país han expresado su preocupación sobre la protección de esa información médica de las fuerzas del orden, aseguró Melanie Fontes Rainer, directora de la oficina de derechos civiles del Departamento de Salud de Estados Unidos, que propuso el cambio de norma.
‘Hemos tenido muchas conversaciones con los proveedores, las principales asociaciones médicas y los defensores de los pacientes sobre lo que están viendo sobre el terreno y cómo el gobierno federal puede ayudar a garantizar que los antecedentes médicos se mantengan privados’, escribió en un comunicado.
Desde que la Corte Suprema anuló el año pasado el derecho constitucional al aborto, algunas mujeres que viven en un tramo de los estados del sur y centro-norte del país —que en gran medida han prohibido esta práctica— ahora deben viajar horas para llegar a otros estados donde pueden abortar legalmente.
La vicepresidenta Kamala Harris tiene previsto analizar la propuesta de norma durante una reunión el miércoles con el gabinete del presidente Joe Biden, que incluirá al secretario de Justicia, Merrick Garland, y al secretario de Salud, Xavier Becerra, según dos altos funcionarios de la Casa Blanca que hablaron bajo la condición de anonimato para revelar algunos detalles de la reunión. La ciudadanía podrá opinar sobre la propuesta durante los próximos 60 días.
