CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El escándalo por las denuncias de corrupción en el máximo organismo electoral de México, que llevó a la renuncia de su presidenta, escaló el viernes luego de que las autoridades electorales solicitaron una investigación para dirimir posibles delitos.
El Instituto Nacional Electoral anunció la noche del viernes en un comunicado que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que investigue las “posibles conductas constitutivas de delitos”, y en su caso “determine las responsabilidades correspondientes”.
La denuncia se presentó tras el escándalo que se desató el mes pasado luego de que medios locales difundieron informaciones sobre un supuesto esquema irregular de contrataciones millonarias a favor de empresas que producen papelería electoral, tintas invisibles y marcas de agua, así como presuntos vínculos entre excolaboradores del INE y proveedores.
El escándalo golpeó a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, con la publicación de fotografías de fiestas y encuentros privados organizados por un proveedor del instituto donde estaba presente la funcionaria, lo que alentó los señalamientos sobre un posible conflicto de intereses.
A las críticas se sumó la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, quien señaló a Taddei por “traicionar la confianza del pueblo de México”, y exigió una auditoría de las contrataciones del INE desde 1999, antes de que surgieran las presuntas irregularidades y conflictos de intereses con proveedores.
Taddei, que estuvo tres años al frente de la institución, anunció su renuncia el 25 de octubre y, un día después, notificó la decisión a la Cámara de Diputados, que debe elegir ahora a su reemplazo. Tras su salida, al menos treinta colaboradores y directivos cercanos a ella han renunciado en el INE.
La salida de Taddei se dio poco después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) —un órgano técnico de la Cámara de Diputados que fiscaliza el uso de recursos públicos federales— abrió una investigación de oficio contra el INE por presunto uso indebido de esos fondos.
Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que depende de la Secretaría de Hacienda, congeló esta semana las cuentas de 15 empresas vinculadas a proveedores electorales y 25 personas, entre ellas Taddei.
Mientras el INE hace frente la crisis, la presidenta provisional del organismo, Blanca Cruz García, y los diez consejeros electorales deberán seguir adelante con el proceso que arrancó en septiembre para los comicios intermedios de junio de 2027 en los que se elegirán 20.109 cargos, entre ellos 500 diputados federales, 17 gobernadores, 1.098 diputados locales y 18.494 autoridades municipales.
