CIUDAD DE MÉXICO.-Entre mayo y diciembre de 2019, jueces de 13 estados dictaron prisión preventiva oficiosa al menos a 117 presuntos feminicidas; es decir, automáticamente se les envió a una cárcel por ser sospechosos de cometer un asesinato violento contra mujeres.
A pesar de este endurecimiento en el castigo, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que en algunos estados donde se aplicó esta medida cautelar ese ilícito incrementó o permaneció igual.
En abril del año pasado fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los delitos a los cuales se ampliaba la prisión preventiva oficiosa.
El feminicidio fue incluido luego de una discusión dividida entre legisladores y organizaciones sociales: por un lado, se argumentó que la acción servía para evitar fugas de presuntos criminales; por otro, se señaló que con esto se vulneraba la presunción de inocencia de las personas.
En medio de esta discusión, la legislación en el Congreso de la Unión avanzó y, a casi un año de su implementación, lo único seguro es que este ilícito sigue ocurriendo en México, de acuerdo con datos oficiales.
Por ejemplo, la información obtenida por EL UNIVERSAL, a través de solicitudes de información, indica que en Veracruz se les dictó prisión preventiva oficiosa a 18 supuestos responsables; sin embargo, en esa entidad los asesinatos violentos de mujeres aumentaron 57%, al registrarse 101 casos, en 2018, y 159, en 2019.
En Puebla se envió automáticamente a la cárcel a 11 presuntos agresores; al mismo tiempo, los feminicidios pasaron de 32 a 58.
Por su parte, en Durango se emitieron dos de estas medidas en el periodo señalado, mientras que el número de los delitos pasaron de cuatro, en 2018, a 10, en 2019.
En Campeche también se envió directamente a prisión a un par de sospechosos; en esa entidad se registraron cinco feminicidios hace dos años y seis, durante los últimos 12 meses.
A su vez, en Aguascalientes a cuatro personas se les dictó la medida, durante el periodo señalado, mientras que en 2019 hubo un feminicidio más que en 2018, al pasar de cuatro a cinco casos.
Por toda esta situación, el próximo 8 de marzo miles de mujeres saldrán a las calles del país para exigir mejores condiciones de seguridad en México, además de que un día después se llevará a cabo un paro nacional feminista para volver a llamar la atención de las autoridades.
Permaneció y disminuyó el delito
No en todos los estados donde se emitieron las prisiones preventivas oficiosas hubo un aumentó de feminicidios: por ejemplo, en Tlaxcala ocurrieron tres crímenes en 2018 y otros tres durante el año pasado.
En tanto, en Oxacaca, Baja California, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas y Zacatecas los asesinatos violentos contra mujeres disminuyeron.
Evitar que presuntos atacantes escapen
Entrevistada sobre este tema, María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), explicó que hace un año se emitió la prisión preventiva oficiosa para evitar que los presuntos asesinos no se dieran a la fuga.
Agregó que el endurecimiento de castigos a los presuntos feminicidas no inhibe la comisión de este delito, por lo que urgió a cambiar la estrategia contra el crimen y a seguir buscando alternativas diferentes, para lograr esa meta.
“Cuando apoyamos esta ley, el objetivo no fue disminuir el ilícito, sino lograr que los agresores de mujeres no se escaparan.
“Como organizaciones, al litigar estos casos nos enfretamos con mucha frecuencia a esa situación”, detalló la especialista.
También agregó que la prisión preventiva se apoyó por la situación que atraviesan las integrantes de la población femenina.
“La víctima queda a merced de las deficiencias de los ministerios públicos, que no tienen asesores jurídicos efectivos; queda en estado de indefensión”, precisó la experta, quien apoyó la iniciativa promovida en el Congreso de la Unión.
Asociaciones como Equis Justicia para las Mujeres indicaron que la prisión preventiva vulneraba el derecho a la presunción de inocencia de las personas, además de que se corría el riesgo de que quienes fueran ingresados a la cárcel estuvieran por meses sin que se les dictara sentencia.
Las cifras obtenidas por esta casa editorial revelaron que de las 117 prisiones preventivas oficiosas dictadas entre mayo y diciembre de 2019, en 75 el proceso seguía hasta el último mes del año pasado.
Además, únicamente en cinco casos el procedimiento penal concluyó y se les impuso una pena a los culpables, mientras que en el resto de las ocasiones no se especificó si la querella continuaba o se había terminado.
