CIUDAD DEL VATICANO. — El papa Francisco ajustó el martes el control y la supervisión de fundaciones y asociaciones con sede en el Vaticano en un paso más de su campaña para imponer estándares internacionales de contabilidad y gobernanza en las oficinas de la Santa Sede y sus entidades afiliadas.
Una nueva ley busca que la Santa Sede cumpla con las recomendaciones del comité Moneyval del Consejo de Europa, que en abril de 2021 señaló como hecho problemático la falta de una ley general que rija la creación y administración de fundaciones registradas en la Ciudad del Vaticano.
Esas fundaciones recaudan donaciones de los fieles, pero hasta hace poco estaban sujetas a muy escasa supervisión o rendición de cuentas.
La nueva ley establece normas estrictas de gobernanza, administración y contabilidad para las fundaciones, que quedan sujetas a la supervisión final de la Secretaría de Economía del Vaticano. Sus libros contables quedan sujetos a la revisión del auditor general.
El mismo informe del Moneyval que destacó la falta de supervisión de las fundaciones incluyó como ejemplo el conocido escándalo de la fundación benéfica del hospital pediátrico del Vaticano, Bambino Gesu, que recibe donaciones de todo el mundo.
En 2017, la corte penal del Vaticano condenó al expresidente del hospital por desviar 500.000 dólares en donaciones a la fundación para renovar el apartamento de quien fuera el número dos del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone.
Bertone no fue acusado, y el cargo original de malversación fue reducido al de abuso de funciones. Los abogados del presidente argumentaron que la intención era invertir los fondos en beneficio del hospital porque el apartamento se utilizaría para eventos de recaudación de fondos.
Varias fundaciones y asociaciones tienen su sede legal en Ciudad del Vaticano. El papa Francisco ha creado varias de ellas, dedicadas a pontífices anteriores e iniciativas papales.
Elegido en 2013, Francisco se ha dedicado a limpiar las turbias finanzas del Vaticano y someterlas a los estándares internacionales y de transparencia y rendición de cuentas. Esta reforma ha tomado años y generado varios escándalos, entre ellos un proceso criminal en curso por una inversión inmobiliaria en Londres.
Recientemente, el sacerdote jesuita al que se atribuye haber ayudado a poner orden en el presupuesto de la Santa Sede como prefecto de la secretaría de Economía, padre Juan Antonio Guerrero Alves, renunció por razones de salud. Su segundo, el economista laico Maximino Caballero Ledo, fue designado para sucederlo.
