Enrique Rivas Cuéllar ocupa el sexto lugar de los presidentes municipales del país mejor evaluados para enfrentar la crisis sanitaria del Covid-19.
La empresa Caudae Estrategias realizó los días 4 y 5 de julio, una encuesta telefónica en las 55 principales ciudades del país para conocer la evaluación que la ciudadanía les da a sus alcaldes.
Rivas tiene una aprobación de 49.8 por ciento.
El primer lugar lo tiene Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, alcalde independiente de San Pedro Garza García, con 57.6 por ciento de aprobación; le sigue María Teresa Jiménez, panista, de Aguascalientes, con 56.2; María Eugenia Campos, panista, de Chihuahua, con 54.3; Enrique Vargas del Villar, panistas, de Huixquilucan, con 53.9; y Manolo Jiménez, priista, de Saltillo, con 51.7.
En la lista de 55 alcaldes, además de Rivas, por Tamaulipas aparece Mario Alberto López Hernández, morenista, de Matamoros, con 25.3 de aprobación.
Por otra parte, Joe Biden, candidato presidencial demócrata y casi próximo presidente de los Estados Unidos, recordó este miércoles que en el 2016, Donald Trump calificó a los mexicanos de “violadores”. También los llamó estafadores y traficantes y dijo que “no son nuestros amigos”.
Los insultos ya fueron olvidados por muchos, que hoy están agradecidos con Trump por aquello de “pégame pero no me dejes”. Los masoquistas están por todos lados.
Hace más de un siglo, ese villano que la historia nos heredó, don Porfirio Díaz, se lamentaba de que México estaba tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos.
En otro tema, cayó el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte y muchos mexicanos nos preguntamos si ahora sí, por primera vez, se obligará a un acusado de corrupción a regresar lo que se robó y si lo van a meter en una cárcel de a de veras, sin privilegios.
Y es que a los acusados de corrupción como Elba Esther Gordillo y a Andrés Granier Melo, se les encarcela varios años en prisiones de lujo y luego se les deja libres, sin quitarles lo que se robaron y de pilón se les exculpa, con el argumento de que fueron presos políticos.
Nos gustaría que el gobierno de la 4T detenga y encarcele a secretarios de estado y gobernadores en funciones, eso demostraría que el combate a la corrupción es en serio y no una simple estrategia de campaña o una venganza política, como sucede con Rosario Robles y en cambio se protege a Manuel Bartlett y su parentela.
