Desde el 2013, México cuenta con la Ley del Servicio Profesional de Carrera para la Administración Pública Federal, misma que se aprobó para promover la contratación y ascenso de personal calificado en más de 70 dependencias (gobierno centralizado, descentralizado, desconcentrado y organismos constitucionales autónomos), desafortunadamente, solo funciona en la Secretaría de Relaciones Exteriores para el cuerpo diplomático, el INEGI y el Banco de México, más allá de éstas, la ley es letra muerta.
Para comprender mejor el tema, vale la pena citar su artículo 2, el cual señala que: “El Sistema de Servicio Profesional de Carrera es un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública en beneficio de la sociedad”.
Pero, ¿qué pasa cuando los titulares de las dependencias de estado omiten la ley?, solo pasan dos cosas, ambas de gravedad para la vida pública de México; la primera, es que nombran en cargos directivos a personajes sin experiencia, quienes, en la mayoría de los casos, improvisan políticas públicas en detrimento de la sociedad mexicana; la segunda, es que no se aprovecha el capital humano profesional que ya existe al interior de las áreas de gobierno y, estos, en lugar de ser promovidos, son incorporan como auxiliares de los primeros.
La nueva etapa de la vida pública en México, conlleva, entre otros retos, el de tomar una decisión dentro de dos opciones, o continúa con el antiguo esquema de contrataciones discrecionales del personal o, crea una meritocracia a partir del servicio profesional de carrera, el cual, reconozca los méritos del capital humano, más allá de colores partidistas del que provengan, posteriormente, capacitarlo, profesionalizarlo, evaluarlo y ascenderlo o destituirlo según su desempeño.
Con la implementación del servicio profesional de carrera, los beneficios transitarán por tres vías paralelas:
Primero, el trabajador obtendrá certeza en el ingreso, desarrollo, permanencia y ascenso basado en el mérito y la igualdad de oportunidades.
Segundo, el gobierno federal (centralizado, descentralizado, desconcentrado y organismos constitucionales autónomos) reducirá los costos financieros que representa la rotación improvisada o negligente del personal, garantizará que las transiciones sexenales no alteren su estabilidad, productividad y certidumbre, reposicionándose además, en el ánimo de la sociedad.
Tercero, los ciudadanos, contaremos con una administración pública federal más responsable, competitiva, de bajo costo y garante de la vida democracia de México.
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