Desde hace 11 años las Fuerzas Armadas de México salieron a las calles para realizar acciones de seguridad interior en el país. Once años en los cuales el personal castrense no ha tenido un marco legal que guíe su acciones y limite sus intervenciones. Once años sin los protocolos adecuados a la situación actual de la sociedad mexicana.
El Congreso de la Unión ha iniciado el proceso de revisión de cinco iniciativas relativas a la Ley de Seguridad Interior: dos presentadas por el PAN, una por el PRI, una por el PRD y otra por el PVEM. Las cinco propuestas tienen como objetivo delimitar las acciones de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz, definir sus atribuciones cuando realicen funciones policiacas y habilitar su intervención en asuntos de seguridad interior.
Las propuestas enviadas tienen la finalidad de contribuir al debate para generar los acuerdos necesarios sobre los procesos que el ejército debe seguir en intervenciones de seguridad interna. Por otro lado, las iniciativas buscan fortalecer al Ejecutivo Federal para que pueda decretar el inicio de acciones para salvaguardar la seguridad interior.
La importancia de contar con un marco legal en materia de seguridad interior aplicable a las Fuerzas Armadas es incluir el enfoque de derechos humanos en las tareas que realizan los militares, así como delimitar los procedimientos de acción en cuanto a seguridad pública. Si bien, las recomendaciones emitidas por las Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a las Fuerzas Armadas han bajado a partir de 2016 se debe establecer los derechos humanos como eje rector en la ejecución de protocolos de operación en las calles y ante la ciudadanía.
La falta de un marco jurídico que regule las acciones de los militares en tareas de seguridad pública provoca incertidumbre en la realización de tareas de seguridad. Se debe especificar y delimitar el uso de la fuerza cuando hay miembros del ejército como responsables de la seguridad pública.
Por último, es importante la participación de la sociedad civil organizada y a la academia en el debate. Se deben enriquecer las propuestas del Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión y las Fuerzas Armadas al incluir a la opinión pública en su conjunto, con la finalidad de seguir avanzando en la creación de un Estado de Derecho en México.
