Durante años se han denunciado, tanto en el sector público como en el privado, casos en que funcionarios y empresarios, unas veces en contubernio y otras por separado, es decir sin vínculos entre unos y otros; casos de corrupción, unos por la vía del fraude, otros por manipuleo en la contratación de obras y adquisiciones, lavado de dinero, y los más por desviación de recursos públicos.
Algunos de ellos, los menos, comprobables y con evidencias suficientes para llevar a juicio a funcionarios, empresarios y comerciantes, que han sido castigados severamente, y otros con sanciones administrativas de inhabilitación por tiempos perentorios. Desde luego que esos ni duda queda que no quedaron impones, y se supone, que sus juicios observaron el debido proceso.
Hasta aquí la verdad y lo sucedido quedó sujeto al imperio de la ley. Más allá de que las leyes sean laxas o rigurosas, ese sería en su caso otro asunto que no tiene mucho que ver con la procuración y administración de justicia (en estos la verdad, objetivo único de la investigación y la justicia prevaleció).
Más otros (la mayoría), los que no fueron suficientemente comprobados, o investigados según sea el caso, aquellos en los que los acusados no fueron vinculados a proceso por falta de evidencias, fallas u omisiones en el debido proceso, y no merecieron sanción por parte del juzgador. Pero que sin embargo, si recibieron amplia difusión mediática y profusión de especulaciones, supuestos y evidencias de café, quedaron (malamente y en perjuicio directo de la autoridad judicial), en calidad de impunes, y merecieron a la sazón, la crítica social y el justificado olvido mediático, (en estos la investigación y la justicia no permitieron que el linchamiento mediática, se impusieran por encima de la verdad jurídica).
Para mal social, estos últimos casos, se convirtieron con el tiempo, en leyendas apoyadas en mitos periodísticos o de café, en demérito del sistema judicial, pues a la postre y en el corto tiempo, su justa solución, se transformó en anécdota política, y desde luego, al no haber más como justificar el infundio y el mal moral causado, en sospechoso arreglo político, o en un oculto acto entre fiscales y abogados defensores.
Todo este entramado que linda entre el supuesto mediático y la veracidad jurídica, y que es consustancial a la procuración y administración de justicia, dejan un gran vacío social que se asume, como carpetazo y fragilidad del Estado mexicano.
Cosa que a nadie conviene, pues en ambos casos (los primeros debidamente investigados, sancionados y apegados al debido proceso, y los segundos, los más dañinos por infundados o tendenciosamente argumentados), hay suficientes elementos justificatorios que merecen, en descargo unos, y en merecido cargo otros, la atención y comportamiento ético, de la comentocracia y de lo noticioso, en bien siempre de la buena y mejor informada opinión pública, y por supuesto, en la sana y confiable comunicación social.
En estos elementos, están muchos de los mitos y leyendas, relacionados con la falta de reconocimiento social y moral al sistema nacional de procuración y administración de justicia.
NOS VEMOS Y LEEMOS EL PRÓXIMO MARTES.
