El objetivo de la reforma fiscal aprobada en EE.UU. es atraer más inversión al país vecino y repatriar capitales, lo cual podría tener un impacto a corto plazo en la competitividad de México.
La reforma firmada por el presidente Donald Trump, representa su primera gran victoria legislativa. El proyecto fue impulsado por los representantes del Partido Republicano y contó con gran apoyo por los beneficios que otorga a los ciudadanos americanos.
Una de las medidas más significativas es la disminución del impuesto corporativo del 35 a 21 por ciento; originalmente se contemplaba una reducción hasta del 15 por ciento. Por otra parte, se ofrecerá a los dueños de negocios una nueva exención fiscal de 20 por ciento sobre sus utilidades y se renueva la forma en que se cobran impuestos a las multinacionales al exentar dividendos de subsidiarias extranjeras.
La Ley aprobada impacta la economía mexicana debido a la desventaja comercial que representa la reducción del impuesto corporativo para México. En nuestro país el impuesto equivalente es el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el cual tiene una tasa del 30 por ciento, lo que implicaría un ventaja del 9 por ciento para EE.UU., haciéndolo más atractivo para invertir.
Para estimular la repatriación de capitales contemplada se han considerado impuestos especiales sobre las utilidades generadas en el extranjero, que se gravarán con una tasa del 15 por ciento si se mantienen en efectivo y 8 por ciento si son inversiones en otros activos. Esta medida podría afectar la inversión de capitales en nuestro país y provocar la salida de las mismas con la finalidad de evitar los costos tributarios contemplados.
Empresarios y analistas mexicanos han expresado su preocupación y externado propuestas para contrarrestar el impacto de la reforma en la economía mexicana. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso un decreto presidencial para autorizar estímulos fiscales como la deducción absoluta de las prestaciones laborales, aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas de fondo para el retiro, a las inversiones, así como continuar con la repatriación de capitales mexicanos.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) ha propuesto una reforma fiscal estructural que contemple el recorte al ISR para las empresas con domicilio fiscal en México al 21 por ciento y generalizar el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Lo anterior para generar una base tributaria más amplia, fomentar la inversión nacional y extranjera, y proporcione al sistema impositivo mexicano una mayor seguridad jurídica.
Sin embargo, existen otros factores que deben ser considerados, como los estímulos fiscales que ya existen en nuestro país o la tasa tributaria efectiva, es decir, los impuestos que realmente pagan las empresas. Será necesario actuar con cautela para elegir la mejor estrategia para evitar medidas demagogas que sólo respondan a los tiempos políticos.
