El 1 de julio entró en vigor el T-MEC. La firma oficial se realizó durante la administración pasada y ahora es ratificada por los congresos de los tres países, posterior a las adecuaciones normativas requeridas. La renegociación y reingeniería del tratado duró dos largos años, en los que se presentaron duras críticas y confrontaciones, pero la entrada en vigor es muy oportuna en medio de la crisis económica que se atraviesa en todo el mundo. Sin embargo, para que el tratado sea un instrumento comercial efectivo para México y sus socios comerciales se requiere trabajar para ofrecer certeza jurídica a los inversionistas.
Los tratados comerciales son instrumentos que diversifican bienes y servicios disponibles dentro de la economía de una región y generan oportunidades para atraer inversión a las economías locales. Los tratados facilitan a sus socios hacer negocios pero necesitan un contexto de certeza para funcionar como catalizadores en la solución de problemas económicos, como los ocasionados por la crisis derivada de la pandemia por Covid-19. De lo contrario la implementación se torna complicada y en algunos casos imposible.
En la situación de México, creer que el T-MEC por sí solo ayudará a reactivar la economía nacional es un error. Se requiere que el gobierno federal envíe mensajes que favorezcan el interés de los inversionistas. Tema en el cual no hay grandes aportaciones, por el contrario, hay sucesos que generan incertidumbre para la planificación de las inversiones. Ejemplo de esto son la cancelación de Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), la construcción de la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, la cancelación de la planta de Constellation Brands, cambios de reglas de juego en el sector energético y la constante violación al estado de derecho.
El T-MEC es un instrumento que tiene el potencial de reactivar una parte de la economía mexicana, como es el caso de las cadenas productivas de manufactura, la llegada de inversión extranjera directa y aumentar las exportaciones. Pero se debe ser consciente que los inversionistas buscan asegurar su capital, buscan obtener ganancias, para lo que necesitan reglas claras y la certidumbre que se respetarán los acuerdos que realicen. Es por esta razón que el gobierno debe mandar mensajes claros que reduzcan la incertidumbre con el discurso y con los hechos.
