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La democracia española y los dilemas del contrato social

La democracia española está en crisis. El referéndum de autodeterminación en Cataluña, el pasado 1 de octubre, ha sacudido el paradigma democrático en el que se sustenta al Estado español. El dilema está en respetar el derecho de autonomía que tiene Cataluña y el respeto a la Constitución que da sustento al Estado español.
La Ley de Referéndum aprobada el 6 de septiembre por el Parlamento de Cataluña, con los votos a favor de los legisladores de la Candidatura de Unidad Popular y Juntos por el Sí, fue suspendida por el Tribunal Constitucional, órgano español que funge como intérprete supremo de la Constitución.
A pesar de la decisión del Tribunal, Carles Puigdemont Casamajo, presidente de la Generalidad de Cataluña, sistema institucional que organiza políticamente la comunidad autónoma de Cataluña, ignoró el fallo y convocó a la ciudadanía catalana a referéndum el 1 de octubre. El día de las votaciones, el Gobierno, junto con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, enviaron a las fuerzas policiales para impedir los comicios.
En muchos medios de información españoles e internacionales se divulgaron videos y fotografías del choque entre los efectivos policiales y la ciudadanía disidente. Las imágenes son fuertes y han impactado a la opinión pública internacional.
El Parlamento de Cataluña decidirá el próximo lunes, 9 de octubre, si declara la independencia de la comunidad catalana. Es decir, los parlamentarios, como representantes de la ciudadanía, decidirán si rompen el contrato social que los hace parte del Estado plurinacional que es España. Por su parte, el Gobierno español considera que el referéndum proclama una soberanía que la Constitución no reconoce, y por lo tanto el mecanismo y  la declaración de independencia son ilegales.
La Constitución es un contrato social. Este concepto se entiende como el acuerdo real o hipotético realizado al interior de un grupo por cada uno de sus miembros. En este acuerdo las personas aceptan por voluntad propia aceptar la Constitución y la admiten como ley suprema, a la que se somete cada ciudadano. Así se justifica la autoridad política y el orden social del Estado. En este entendido, quienes firman pueden cambiar los términos del contrato e incluso suspenderlo.
La ciudadanía tiene derecho de disidir el acuerdo establecido o intentar reformarlo. Sin embargo, una reforma constitucional de este tipo debe ser votada, pero el referéndum es inconstitucional. Así, la coyuntura política española tiene una Constitución irreformable, negociaciones politizadas y un diálogo roto. Lo que impide la negociación política y enardece a una sociedad que demanda independencia. Así, la democracia española y el contrato social que la sustenta enfrenta el mayor dilema político de su historia.

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