Muchas reacciones y comentarios encontrados, ha causado la próxima resolución que la Suprema Corte de Justicia hará al derecho de réplica que tutela la ley del mismo nombre. El reclamo por supuesto que viene de quienes hacen crítica periodística impresa, televisiva y radiofónica principalmente y de la Cámara que agrupa a las empresas y empresarios de la comunicación.
El punto central se ubica en el reclamo y propuesta hechos en su oportunidad, por los partidos de la Revolución Democrática y de Regeneración Nacional (PRD y MORENA), sobre la ingente necesidad de conceder, por mandato de ley, derecho de réplica (respuesta y aclaración), a los sujetos o instituciones criticadas por los medios, aún y cuando lo dicho por éstos sea verdad o existan evidencias que hagan suponer que es verdad lo denunciado, dicho o criticado de forma pública.
El argumento básico de tal definición es que si el comentarista o difusor de tal o cual información, falsa o verdadera, tiene derecho a decirlo bajo el amparo del derecho constitucional a la libertad de expresión, también y en el mismo o los mismos medios de comunicación, lo tiene la persona o institución ofendida o simplemente señalada.
En el proyecto presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán y publicado en la página de internet de la Corte suprema mexicana, mismo que ya se encuentra en la agenda de asuntos a discutir por la Corte en las próximas semanas, se aprecia la idea de pretender resolver a favor de los proponentes (PRD y MORENA), con lo que se equipararía en términos de igualdad de derechos humanos, tanto lo dicho por quien critica o acusa, como para quien procura voz para defenderse.
Con esto, en caso de que la Suprema Corte llegue a fallar en este sentido, se ahondaría de manera importante en la regulación, para dejar de lado la anarquía, sin caer en la tentación autoritaria de la prohibición. Al parecer se trata de la posibilidad de un juicio salomónico, equitativo y fácil de entender por la sociedad, que le daría, por otra parte, una buena cuota de salud al sistema político mexicano y que también, obligaría a los comentaristas, articulistas, editorialistas, reporteros y empresas de difusión a organizarse como en los países democráticos desarrollados.
Esto es, asesorarse legalmente y verificar la información antes de difundirla, a fin de litigar favorablemente los temas y asuntos difundidos que merezcan reclamo y santuario en la ley del derecho de réplica. Este asunto es de la mayor trascendencia en México, ya que la Corte no tan solo habrá de enfrentar sino que ya en este momento, enfrentará la presión y crítica en campaña de desprestigio y hostigamiento de los medios de comunicación.
La presunción de inocencia, en el nuevo sistema penal juega un papel importante, lo que me parece exagerado es que el derecho de réplica se conceda aun cuando la información difundida sea cierta y cuente con las evidencias objetivas y debidamente documentadas y fundamentadas. Tal vez, en ese y otros espacios, la Corte en sus deliberaciones, encuentre un camino para alejarse de los extremos y ofrezca a la sociedad un criterio que dé certeza y seguridad a las partes.
Combatir el infundio y la difamación, así como evitar o sancionar en su caso, la manipulación de la información a causa de intereses aviesos, seguramente es el bien que la ley debe tutelar, lo que da al público confianza y credibilidad a los medios. Cabe entonces recomendar a usted, amigo lector, informarse y ponderar lo mucho que a favor y en contra del proyecto presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán se ha escrito y tratar de quitar del frente las cortinas de humo que los intereses suelen interponer entre el receptor y el emisor de información.
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