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Impunidad y falta de acceso a la justicia

En 2017, se estima que 25.4 millones de mexicanos fueron víctimas de algún delito. Esto representó un costo por perdidas económicas y medidas preventivas de seguridad tomadas de casi 300 mil millones de pesos. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI), resultado de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2018).

De acuerdo a los resultados de la ENVIPE 2018, el número de personas que han sido víctima de algún delito ha aumentado en el último lustro, en 2012 se estimaron 21.6 millones de víctimas, mientras que en 2017 se estiman 25.4 millones. Lo delitos más frecuentes son robo o asalto en la calle o transporte público, extorsión, fraude y robo total o parcial de vehículos.

El costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 299.6 mil millones de pesos, lo que representa casi 1.65% de Producto Interno Bruto (PIB). El costo total se divide en tres tipos: pérdidas económicas, es decir el efecto monetario del delito, que representó el 67.9%, y las medidas preventivas, como colocar cerraduras y/o candados, cambio de puertas o ventanas, así como comprar perros guardianes, que representó el 29.7%, y efectos a la salud, que representó 2.45%

Estos números tan altos son consecuencia de la impunidad y falta acceso a la justicia. En 2017, de acuerdo a la ENVIPE 2018, se denunció sólo el 10.4% de los delitos ocurridos. De éstos, el Ministerio Público inició Averiguación Previa o Carpeta de Investigación en tan sólo 65.3% de los casos. Esto aumenta el número de delitos no denunciados o no atendidos, Cifra Negra, a 93.2%. Esto quiere decir que se le dio continuidad únicamente a 6.5% de los casos. Y por último, en el 55.9% de los casos a los que se les inicio proceso no se les dio continuidad.

La razones para no denunciar se deben a limitantes atribuibles a las autoridades, que representa el 64.5%; otras causas, que representa el 35.1%, y por falta de especificación, que representa el 0.5%. Entre las cusas atribuibles a la autoridad el 34.2% de las personas consideran que es una pérdida de tiempo denunciar, el 16.5% desconfía de la autoridad, el 7.7% considera que los trámites son largos o difíciles y el 4.7% perciben una actitud hostil de la autoridad.

Los resultado de la ENVIPE 2018 muestran un incremento de víctimas y en el impacto económico por victimización. Para reducir estas cifras se deben plantear políticas desde varias aristas. Sin duda alguna, mejorar la confianza de los ciudadanos ante las autoridades es relevante. Los Ministerios Públicos no pueden proceder sin una denuncia, pero la gente no denuncia porque no confía en las autoridades. Para contrarrestar este fenómeno se debe mejorar la eficacia y eficiencia de las averiguaciones previas, para dar a la gente resultados tangibles.

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