La última elección presidencial en la que el gobierno fue juez y parte y decidió al ganador, fue la de 1988, cuando ganó Carlos Salinas de Gortari, en lo que la oposición calificó de mega-fraude.
En ese entonces las elecciones las organizaba el gobierno. El gobierno escogía a los funcionaros de los órganos electorales y a los funcionarios de casilla. Como presidentes, secretarios y escrutadores, se imponía a líderes sindicales de la CTM, dirigentes campesinos de la CNC, representantes de organismos populares de la CNOP y personajes que meses o semanas atrás eran funcionarios de alguno de los tres niveles de gobierno.
En el 88 el Presidente de la Comisión Federal Electoral era Manuel Bartlett Díaz, que a la vez era Secretario de Gobernación. Tenía fama de duro. En el 83, con apoyo de agentes federales de México y Venezuela, ordenó el secuestro de dos sobrinos suyos, de 17 y 19 años de edad, que estaban recluidos en una comunidad religiosa de aquel país y no querían salirse.
Furiosos por la prepotencia de su tío, y de sus propios padres que autorizaron el secuestro, los hermanos decidieron hacer público su caso, pero se toparon con que ningún medio les dio acceso. La revista Proceso sí aceptó, hizo una entrevista a los hermanos y cuando se preparaba su publicación el director de la Dirección Federal de Electricidad, José Antonio Zorilla, se presentó ante los directivos, Julio Scherer y Vicente Leñero, para pedirles que no publicaran el reportaje. Fin del asunto, el reportaje no se publicó.
Pues bien, a 32 años del fraude que la izquierda denunció en 1988, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dice que el INE es un organismo costosísimo y que será guardián de que se respete la voluntad ciudadana y no haya intentos de fraude.
¿O sea que quiere que el gobierno organice las elecciones, tipo las encuestas patito que cancelaron el aeropuerto de Texcoco y la cervecera de Mexicali? ¿Quiere regresar a 1988 con Manuel Bartlett al frente del INE, o como quiera llamarle?
El INE se creó en 1990 y fue la respuesta para ciudadadanizar las elecciones y recuperar la confianza de la población.
Constitucionalmente el INE es el encargado de organizar y cuidar las elecciones y si hay controversias jurídicas para eso está el Tribunal Electoral; si hay delitos, esta la FEPADE. El Presidente López Obrador está obligado a denunciar los fraudes electorales que detecte, así sean cometidos por Morena, pero no le toca a él juzgar. Y qué bueno que sea así. Hemos avanzado en las tres últimas décadas para hacer confiables los procesos electorales, pero regresar la organización de las elecciones al gobierno federal sería gravísimo. Y más si al frente del gobierno federal está un Ayatola.
