El lunes pasado el Congreso de Baja California decidió ampliar de dos a cinco años el periodo de mandato del próximo gobernador, Jaime Bonilla Valdez. En 2014 se publicaron reformas que establecieron que el periodo a iniciar en 2019 terminaría en 2021, con la finalidad de empatar el proceso electoral local con el proceso federal. En dos ocasiones se impugnaron las reformas realizadas a la Carta Magna local, pero no fueron procedentes. La decisión del actual Congreso es inconstitucional, representa una falta de respeto al sufragio de la ciudadanía y vulnera la democracia en la entidad.
En 2014 el Congreso de Baja California determinó que el gobernador electo en 2019 duraría en el cargo sólo dos años. La finalidad de esta reforma era homologar la elección del representante del poder Ejecutivo en la entidad con los tiempos electorales federales. Se presentó la primera impugnación durante el periodo electoral 2018-2019, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideró que la demanda era extemporánea, por lo que fue desechada. En abril del presente año, el entonces candidato Jaime Bonilla Valdez, interpuso un recurso de inconformidad contra la reforma. El TEPJF rechazó dicho recurso.
Con la normatividad clara en la materia, la ciudadanía de Baja California participó en la jornada electoral de este año para elegir un gobernador hasta 2021. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Bonilla Valdez, resultó ganador para el periodo establecido. Sin embargo, el Congreso saliente aprobó ampliar el periodo a cinco años, con 21 votos a favor y con el aval de tres cabildos. Esto es un acto de inconstitucionalidad. Esa decisión es ilegal y viola los principios de certeza jurídica, por lo que debe ser corregida a la brevedad.
Por otra parte, es una burla a la ciudadanía de la entidad. Los ciudadanos que votaron al gobernador electo por dos años son ignorados. De forma prepotente los diputados hacen caso omiso a la decisión del electorado y deciden en su representación, sin respaldo legal y ciudadano, ampliar el periodo. Esto es un gran contra-ejemplo al sistema democrático de Baja California y la lucha que su sociedad ha realizado para consolidarlo. Cabe mencionar que Baja California fue el primer estado en el que se presentó la alternancia partidista, en 1989. Desde entonces, la activa participación política ha sido una característica de la ciudadanía de la entidad.
Es turno de la oposición para detener este acto de inconstitucionalistas. Se deben interponer acciones de anticonstitucionalidad en contra de la decisión de los parlamentarios locales, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eche atrás la reforma. No se puede permitir el atropello a los de derechos políticos de la sociedad bajacaliforniana, a su historia democrática y, sobre todo, a su elección libre para decidir a sus representantes, así como el tiempo que deben ocupar los cargos.
