El acceso total a servicios de salud dignos es un derecho de todas las personas. El cómo garantizar la prestación es el reto. El Gobierno Federal se comprometió a lograr la universalidad de los servicios de salud a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). La política puesta en marcha desde el primero de enero de 2020 genera dudas sobre los procesos a seguir para lograr la meta a nivel federal y el financiamiento a largo plazo de la política pública.
El Grupo Parlamentario de Morena planteó la iniciativa de decreto que reformó diversas disposiciones de las Leyes General de Salud, De Coordinación Fiscal y de los Institutos Nacionales de Salud. El decreto considera que la salud constituye un bien social indispensable para la sociedad. La reforma plantea un Modelo de Salud que se basa en la generación de acuerdos con las entidades federativas para financiar y coordinar los esfuerzos federales y estatales para lograr la universalidad de servicios y la distribución de medicamentos.
Los servicios de salud se dividen en tres niveles. El primer nivel agrupa clínicas comunitarias que ofrecen servicios de prevención, educación, protección y detección temprana de enfermedades. El segundo nivel agrupa hospitales generales que dan atención a la mayoría de padecimientos que requieren hospitalización o atención de urgencia. El tercer nivel agrupa hospitales de alta especialidad, y atienden problemas de salud que requieren mayor conocimiento o tecnología específica, docencia e investigación. La universalidad de servicios implica que todas las personas tengan acceso pleno y gratuito a los tres niveles.
Parte de las dudas sobre el modelo propuesto se relacionan a las reglas de operación que especifican los procesos y procedimientos para lograr la coordinación entre la federación y las entidades, así como la transición del Seguro Popular al Insabi. Juan Ferrer Aguilar, titular del Insabi, aseguró que ya existen reglas de operación y que se están exponiendo a los gobernadores. Sin embargo, no han sido publicadas de forma oficial y algunos gobernadores siguen negociando su adhesión.
Otras dudas son sobre el financiamiento para que la política sea sostenible a largo plazo. El Gobierno Federal anunció que liberarán 40 mil mdp que se suman al presupuesto aprobado para 2020. Lo que no está claro es si esta cantidad será por única ocasión o se mantendrá en presupuestos posteriores. A lo anterior se suma la preocupación de los gobernadores por un posible aumento a su aportación financiera, pues los medios de financiamiento locales son distintos en cada entidad.
Sin duda alguna, el acceso universal a los servicios de salud y las intenciones para que suceda realmente es plausible. Pero se requiere evidencia que aporte información real para la ejecución de la misma, un diseño flexible que cuente con mecanismos de evaluación que contribuyan a su perfeccionamiento. Esperemos que las buenas intenciones no se queden en la centralización de recursos en materia de salud.
