El reiterado propósito independentista de Cataluña, en el Reino de España, es el tema jurídico constitucional y político, de moda entre los países democráticos de Occidente, los Estados nacionales no saben aún como lidiar con estos problemas de equilibrios regionales, más de carácter interpretativo que de realidades políticas. Pues para el caso Catalán, deviene de un arraigado sentimiento de tratos injustos por parte del gobierno central, incluso expresado en otras épocas, por medio del terrorismo sangriento.
En esta ocasión, y no para su bien, el problema se ha topado con un gobierno federal central, y radical, representado en el Consejo de Ministros compuesto por una corriente política dura e inflexible, poco sensible además, a entender y explorar las verdaderas motivaciones disque secesionistas catalanas. Se ha hecho aparecer este, sin embargo, como un problema separatista, y bien que lo es, en cuanto a su expresión argumentativa, más no en el fondo.
Pues lo que está entre telones, es una vez más, como lo ha sido durante tiempo atrás, un interés de mayor autonomía fiscal, de lucha por una mejor reciprocidad recaudatoria. El sistema fiscal español es central, como en muchas partes del mundo, incluido México, en el que la Federación recauda y asigna bajo determinadas porcentualidades, una cantidad de dinero a las regiones autonómicas (estados para el caso de los sistemas republicanos).
Esto es lo que en realidad tiene inconformes a los catalanes, y por supuesto, la diferencia fiscal con la que el gobierno federal trata a otras regiones españolas, como el caso de las provincias vascongadas, en las que el régimen fiscal funciona en sentido contrario, es decir, es la región autónoma la que recauda y esta a su vez, contribuye con un porcentaje al sostenimiento de la federación. Lo que en otros términos significa un sistema fiscal federalizado y no centralizado.
Sin embargo la desigualdad fiscal, tiene su origen en un propósito de desarrollo regional, en el que la provincia de Cataluña requiere de menos recursos públicos para impulsar su crecimiento económico, que los requeridos por otras provincias menos fuertes y con menores capacidades propias, para impulsar su crecimiento económico y social. Por tanto, un asunto más de equilibrios regionales y sociales que de legítimo separatismo.
Por esto es que el gobierno Catalán insiste en el diálogo, quiere negociar con la federación para cambiar, o modificar en su caso, la cuantía y acceso a los recursos fiscales. De ahí que sea de insistirse, que se trata mucho más de un problema de intolerancias y liderazgos verticales opuestos. Ambos al decir verdad, refugiados en trincheras políticas que dañan e impiden llegar a soluciones convenidas. De hecho el daño a la economía regional y nacional es evidente, y puede ser mayor de seguir el forcejeo político, al propiciar como daño colateral, el renacimiento de organizaciones extremistas y violentas.
Por una parte, es claro que el Primer Ministro Mariano Rajoy, con la ley y la constitución españolas en la mano, pretende someter por medio de la fuerza y la coerción, a una provincia del Estado español, minoritaria en población ciertamente, pero de gran importancia económica para la corona española (generadora del 25% y 30% del PIBN), lo que no es poco.
Es claro también, y no creo que de esto quede duda, que ni la federación española está dispuesta a dejar escapar de su órbita constitucional, tan apreciado bastión económico. Ni tampoco que los Catalanes quieran en realidad fundar en su territorio otro Estado, en forma de república soberana.
A nadie beneficiaría esto al final del día, y menos aún, a la Unión Europea, en su estructura ideológica y de operación de conjunto. Lo que sí parece ser cierto, es que ambas partes siguen la técnica de negociar fuerte y al extremo de la mesa, hasta el último instante, a fin de sacar el mejor provecho posible. Cualquier parecido con las actuales técnicas de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es pura coincidencia.
GRACIAS POR SU TIEMPO.
