Muy recientemente, el Congreso del Estado de Chiapas, aprobó una disposición legal que libera al erario estatal de la obligación presupuestal de proveer recursos públicos al financiamiento de campañas políticas locales, y de recursos fiscales para la operación de los partidos políticos (gasto corriente y de operación política).
Esto sin duda es un paso importante, contrario sí, a la idea Lopezportillista, de optar por la opción de que el gobierno aporte estos recursos, y no, los poderes fácticos locales o nacionales. Digo que trascendente porque también obliga al gobierno, en este caso al de Chiapas, a mejorar la capacidad operativa, de vigilancia y sanción de las instituciones públicas encargadas de organizar y juzgar los procesos electorales.
Es decir, esta medida exige de un gran compromiso institucional, por una parte, y de otro más válido aún, de la sociedad chiapaneca, de ser vigilante, valiente y seria para denunciar la intromisión de dineros ilegales, o de dudosa procedencia, en las campañas políticas y sostenimiento de los partidos políticos con registro estatal. La coyuntura en que se da este señero paso hacia adelante, significa un cambio en la cultura política, y del régimen de financiamiento del sistema democrático, es sin duda, de dolor y pesar, por los muertos y daños causados por el terremoto del pasado 19 de Septiembre.
Más ciertamente que la circunstancia dejará un legado de cambio, que bien cuidado y dándole el tiempo de madurez que requiere, podría ser de mucho provecho para el sano equilibrio de las finanzas públicas locales, y por supuesto de un nuevo marco de costumbres y prácticas políticas y electorales, que bien podría convertirse en ejemplo nacional, en los años por venir.
La valiente y muy oportuna decisión del poder legislativo chiapaneco, dará ocasión de reprogramar el gasto estatal en 628 millones de pesos, que serán enviados a las tareas de reconstrucción inmobiliaria pública y privada, en los municipios más dañados por el fenómeno sismológico pasado. Lo que por supuesto, hace que la decisión legislativa en comento, sea de doble efecto positivo, y variados resultados.
Desde luego que los afectados por esta acción legislativa no estarán de acuerdo y tratarán de criticar y alarmar a la sociedad en el sentido de que es una decisión riesgosa y de fatales consecuencias para la democracia del noble y fuerte estado del sureste mexicano. Más los legisladores no deben arredrarse ante la reacción de los dañados por el retiro del subsidio. Están los legisladores chiapanecos, en el camino correcto, aunque sea por ahora, ya que el retiro del financiamiento público, es solo por una vez.
No obstante es un buen ejercicio exploratorio al que, insisto, habrá que darle tiempo que se depure y madure. De todos es sabido, que es muy difícil para cualquier entidad federativa, sostener un régimen de subsidio electoral de tan alto costo social y productivo. Por eso en muchos países no se ha implementado y los procesos electorales son financiados con recursos privados, vigilados y sancionados por las autoridades electorales y un régimen de sanciones alto y transparente.
NOS VEMOS Y LEEMOS EL PRÓXIMO MARTES.
