Gran revuelo y alta discusión ha provocado la propuesta del PRI, de quitar del régimen electoral mexicano a los diputados y senadores de representación proporcional, o de partido, esos que sin hacer campaña ni comprometerse en nada con los electores y la salud política de los poderes legislativos federal y locales, se apoltronan cómodamente en las curules de los parlamentos a dar problemas al gobierno, y a contradecir lo que proponen o bien discuten, quienes si se ganaron el voto y la confianza de los electores.
Ciertamente que es muy de discutirse los compromisos de los legisladores, en general, con los electores, más por lo menos, los de elección directa si andan la legua en los distritos casa por casa y organización por organización social y política. Otro tema aparejado con este, es el de las prerrogativas que se les otorga a todos los legisladores, es decir el dinero público que se le entrega a los poderes legislativos para sostener una robusta burocracia y pagar las altas dietas y compensaciones a la representación popular.
Menciono los dos temas a la par, en virtud de que son en el fondo, consustanciales a un tercero denominado finanzas públicas sanas, viables y precursoras de una democracia moderna, justa y congruente con las capacidades fiscales del y los gobiernos en México. Cierto que el origen de la representación proporcional lo es, hacer justicia a las minorías políticas a fin de que estas, no se auto radicalicen y pasen a la lucha política clandestina, atentando así, contra el estado de derecho, la paz pública y el sano desarrollo económico y social del país.
Ese, en opinión personal, es el real y triste a la vez, fondo del asunto. Es factible en un Estado social como el mexicano, sostener un sistema representativo tan caro, sin afectar los principios y obligaciones presupuestales, de un Estado cuyas obligaciones compensatorias con los pobres y marginados son también tan altas y prioritarias, como las electorales. Es evidente que ambos conceptos ideológicos y de política pública precisan de un adecuado reacomodo, congruente con los aforos fiscales y posibilidades reales de crecimiento económico nacional.
En el entendido, que este último precisa de ser más justo y equitativo, para no dejar como subproducto, una estela de pobreza y marginación social, que ahogue las finanzas y reviente la paz social, como sucedió, aquí mismo en México, hace poco más de cien años, en 1910. El problema es que en un Estado social, de derecho y democrático, como el mexicano, conseguir los objetivos de cumplir con los necesitados, y pasarlos a una de las tres grandes capas de la clase media, así como darles a la vez, un régimen de derechos civiles, humanos y democráticos amplios y satisfactorios, es sumamente difícil, bien podría decirse que imposible en la práctica.
Claro se puede decir y argumentar en teoría que sí, más la realidad es que ambos objetivos han de conseguirse con el tiempo y en el contexto de una economía de mercado más abierta y con mejor disposición de sacrificio personal y generacional por parte de la población en su totalidad. Se requieren, obviamente, nuevas y verticales herramientas de adoctrinamiento popular que precisan de renuncias a lo fácil y lo rápido, a lo cómodo y simple.
Se argumenta para el caso de los llamados diputados plurinominales que son muchos (200 en lo federal), más de la mitad de los uninominales (300 distritos federales), cuando bien podrían ser un tercio de los segundos, lo que no suena mal, en tanto se les pague lo que es posible fiscalmente, y se ajuste a la baja, la carga burocrática del poder legislativo.
En el caso de los recursos públicos destinados a los partidos políticos, el tema no tiene mayor discusión, está formado el consenso nacional de que es necesario quitarles por lo menos una buena parte de los recursos presupuestales, es mucho dinero el que se les entrega, mismo que hace falta en otros rubros, en política se dice con frecuencia, tan malo es que haya mucho dinero, como que no lo haya, debe por tanto, haber el estrictamente indispensable.
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