CIUDAD DE MÉXICO.— Las divergencias que mantienen el gobierno y el Grupo México, uno de los mayores conglomerados del país, a raíz de la ocupación por parte de unidades de la marina de tres tramos ferroviarios que tenía en una subsidiaria de la corporación, alentaron el lunes los temores entre los inversionistas e hicieron caer por segunda jornada consecutiva la Bolsa Mexicana de Valores.
El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa culminó la sesión con una pérdida de 1,53% afectado por la caída que sufrieron la mayoría de las acciones, entre ellas la del Grupo México — la tercera empresa más importante del mercado bursátil — que bajaron 3,16%.
La acción del conglomerado mexicano sufrió el pasado viernes una baja de 4,29% luego de conocerse la ocupación temporal de tres líneas ferroviarias que tenía la empresa Ferrosur en el estado de Veracruz, medida que golpeó a la bolsa mexicana que cerró el viernes con pérdida de 1,75% y acumula en dos jornadas una caída de 3,25%.
De igual forma, el peso mexicano se depreció 0,63% y se situó en alrededor de 17,90 pesos por dólar, aunque mantiene su fortaleza.
Analistas atribuyeron el comportamiento negativo del mercado bursátil y la leve depreciación del peso a la incertidumbre que ha rodeado la ocupación temporal de los tramos ferroviarios debido a que hasta la fecha el gobierno y el Grupo México no han logrado llegar a un acuerdo sobre cómo se manejará la toma de las líneas Z, ZA y FA que corren entre las localidades sureñas de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Hibueras a Minatitlán y de El Chapo a Coatzacoalcos, que tenía en concesión Ferrosur desde 1998.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dejó claro el lunes que las diferencias entre su gobierno y el grupo que dirige el empresario Germán Larrea —considerado el segundo hombre más rico de México— no han logrado superarse, pero se mostró dispuesto a alcanzar un acuerdo.
Desde el 19 de mayo elementos de la Secretaría de la Marina ocuparon los tres tramos ferroviarios tras la publicación de un decreto que declaró de “utilidad pública” las instalaciones que pasaron a la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec para integrarse al proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) que busca conectar el Golfo de México con el Pacífico.
Durante su conferencia matutina, López Obrador afirmó que la ocupación se ejecutó apegada a la constitución y las leyes, y descartó que la medida pueda asumirse como una expropiación.
“Esta concesión o este tramo de concesión, sí, tiene que restituirse, es lo único, y nosotros, buscando un acuerdo, les damos el derecho de paso, pero la vía, que es de la nación, va a regresar al dominio de la nación por seguridad nacional y por interés público”, afirmó el gobernante al rechazar los cuestionamientos que realizaron empresarios y analistas contra la medida.
López Obrador negó que la decisión responda a una confrontación con Larrea que es uno de los inversionistas que está compitiendo para adquirir Banamex, la filial mexicana de la corporación estadounidense Citigroup, y dijo que las conversaciones con el Grupo México se interrumpieron luego que la empresa exigió una indemnización de 9.500 millones de pesos (unos 527 millones de dólares).
“Pues así ya no se puede… ni siquiera a un precio justo, sino un abuso”, agregó.
Aunque las autoridades sostienen que la medida será temporal, no se precisa por cuánto tiempo se extenderá. En un decreto que se publicó la noche del lunes se indicó que el CIIT deberá cubrir la indemnización y el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec asumirá los derechos y obligaciones de Ferrosur para el servicio público de transporte de carga en los tramos ocupados.
La ocupación se ejecutó un día después que López Obrador declaró de “seguridad nacional” el multimillonario proyecto ferroviario conocido como Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y cuatro aeropuertos del sur del país, en abierto desafío a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó que era inconstitucional el acuerdo que decretó que los trenes turísticos y otros proyectos de infraestructura eran obras de “seguridad nacional”.
El Grupo México Transportes dijo el domingo en un comunicado que seguía en conversaciones con las autoridades y analizando los alcances y efectos del decreto de ocupación para determinar las acciones que tomarán, pero admitió que de no llegarse a una negociación “la ocupación temporal se convertirá en definitiva, en deterioro de la empresa, sus empleados, clientes y del libre mercado”.
La directora de análisis económico del grupo financiero local Banco Base, Gabriela Siller, dijo a The Associated Press que la ocupación de las tres líneas ferroviarias “incrementa el riesgo para invertir en México y le resta atractivo al país en un momento en el que deberíamos estar tomando ventaja”.
Siller indicó que mientras no se llegue a un acuerdo y no se defina el pago de la indemnización persistirá la incertidumbre entre los inversionistas y al final se afectará la economía mexicana.
El Consejo de Empresas Globales de México, organismo integrado por los presidentes y directores de 62 grandes compañías internacionales, afirmó el lunes en un comunicado que la medida contra Ferrosur representa un “grave riesgo” para la imagen del país en el corto y largo plazo, y pone en duda el respeto a las garantías constitucionales y los marcos jurídicos que protegen a la inversión.
El Consejo exhortó al gobierno de López Obrador a que sea consciente de las consecuencias que pueden tener decisiones que vulneren el Estado de derecho, la confianza de los inversionistas y la reputación internacional de México.
De acuerdo a cifras oficiales durante el primer trimestre de este año las inversiones extranjeras directas alcanzaron los 18.636 millones de dólares, lo que representó una baja de 4,1% respecto al mismo período del 2022.
Desde inicios de su gobierno, Lopez Obrador declaró el fin del modelo neoliberal en México, señala con frecuencia que la inversión extranjera se mantiene alta en el país y destaca la fortaleza del peso frente al dólar.
